Washington. El gobierno de Estados Unidos impuso ayer sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y al fiscal senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal de juicios del tribunal y encargado de investigar los crímenes cometidos por Israel durante su ofensiva en Gaza, informó el Departamento del Estado encabezado por Marco Rubio, quien calificó al organismo de un “tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado”.
La CPI acusó que las medidas de Washington “socavan el estado de derecho” y afirmó que sigue “inquebrantable y respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables.
“Cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley es el orden jurídico internacional el que queda en riesgo”, afirmó el tribunal en un comunicado.
Rubio insistió en que la CPI “ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en sus funciones”.
Sobre la magistrada y el fiscal sancionados aseguró que “han participado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal.
Afirmó que la “campaña gubernamental integral para desmantelar la amenaza que representa la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance” e hizo un llamado a sus estados miembro a sumarse y poner “fin a su financiación y participación en este tribunal que no rinde cuentas”.
Al mismo tiempo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas (SDN) a ambos integrantes de la CPI.
La corte, con sede en La Haya, fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad, así como genocidio. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó el tribunal y estableció su jurisdicción.
La persecusión, en defensa del premier israelí
La administración de Donald Trump comenzó la persecución contra la CPI el año pasado con sanciones selectivas a varios de sus funcionarios, entre ellos, fiscales y jueces, luego de las órdenes de detención dictadas por la corte en 2024 contra el primer ministro israelí y desde entonces prófugo de este tribunal, Benjamin Netanyahu, y del ex ministro de Defensa de Tel Aviv, Yoav Gallant, así como por una investigación anterior sobre los soldados estadunidenses en Afganistán.
Netanyahu elogió las medidas estadunidenses contra lo que calificó de “extralimitación ilegítima de la Corte Penal Internacional” y agregó que se convirtió “en un tribunal de farsa que encubre su abuso de poder con el lenguaje del derecho internacional”.
Rubio mencionó el mes pasado que Washington intensificaría sus esfuerzos para socavar la CPI y argumentó que el tribunal suponía una amenaza para el personal estadunidense que aplica las políticas de inmigración de línea dura de Trump o que lleva a cabo redadas contra embarcaciones acusadas de transportar drogas.
Amnistía Internacional indicó que estas sanciones contra el tribunal son un “ataque reprobable contra el sistema de justicia internacional” y una “campaña creciente para obstaculizar su búsqueda de rendición de cuentas”, informó Al Jazeera.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania reocupada de “terrorismo”, en una inusual reprimenda que se produjo en medio del asedio a la casa de la familia de Ridi desde hace una semana por esos pobladores, reportó Al Jazeera.
