Desde la tribuna de la 64 Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Enrique Laviada Cirerol, leyó el oficio remitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) por el que se solicita la declaratoria de procedencia con remoción de fuero constitucional y separación del cargo al ciudadano Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, por considerar que ha participado como coautor del homicidio y robo calificado previstos y sancionados en el Código Penal, cometidos en contra de Raúl Calderón Samaniego, cuyo cuerpo fue encontrado en su departamento el 2 de enero de 2023.
Laviada Cirerol precisó que el oficio fue remitido este lunes 17 de abril, y en dicha solicitud se adjunta también una copia certificada de la orden de aprehensión, que fue liberada por el Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y por la jueza María de Jesús García González para los efectos correspondientes. La solicitud fue remitida a la Comisión Jurisdiccional de la 64 Legislatura para su examen previo y ser votada, posteriormente, por el pleno.
En representación de la Jucopo, el legislador manifestó, desde tribuna, que se atenderá la solicitud del fiscal «con institucionalidad, con toda la seriedad que el caso merece y un estricto apego a la legalidad». En ese mismo sentido, el propio Laviada Cirerol llamó a sesionar a la Comisión Jurisdiccional para este miércoles 19 de abril a las 12:30 horas. Esta es integrada por el mismo Laviada, la diputada Imelda Mauricio Esparza, de Morena; María del Mar de Ávila, del PAN; Jehú Salas Dávila, del PRI, y Xerardo Ramírez, del PT, que se encargarán de darle cauce a este proceso en un máximo de 10 días. Posterior a esto, la Asamblea de la 64 Legislatura se convertirá en Jurado de Instancia para decidir el futuro del alcalde y con el mínimo de 16 votos procederá el desafuero.
Cabe recordar que, el pasado 12 de abril, en el marco de la comparecencia en la Legislatura local del fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), Francisco Murillo Ruiseco, fue el legislador perredista Juan Mendoza Maldonado, el que cuestionó específicamente sobre el asesinato de Raúl Calderón, caso en el que consideró que había mucho sigilo y secrecía, dijo, por lo que pidió que se socializara la investigación y se actuara en contra de los culpables “trátese de quien se trate”.
A esto, Murillo Ruiseco respondió que se había abierto la carpeta de investigación y se habían recabado diversos datos. “Debo decir que próximamente, a la brevedad, esa carpeta se va a judicializar con las consecuencias que se tengan que asumir porque el compromiso de la Fiscalía es ir más allá del poder político porque lo que demanda el servicio de procuración de justicia es objetividad y nosotros somos objetivos. Eso es lo que haremos en consecuencia”, dijo en su momento Murillo Ruiseco, hecho que se ha cumplido.
Raúl Calderón: revictimización y homicidio
Desde que se notificó el hallazgo del cuerpo del abogado riograndense, las páginas de Facebook “Zacatecas al minuto” y “Zacatecas Zona de Peligro” publicaron que la víctima había fallecido debido a una congestión alcohólica, lo que despertó la indignación de familiares, amigos y figuras públicas de Zacatecas que repudiaron la revictimización.
La hermana de Raúl, Armida Calderón, quien confirmó primeramente la desaparición del joven, y posteriormente la muerte, publicó que, con dolor, leyó la difusión de “calumnias” que laceran la honra de sus padres y de su familia. “Son calumnias, palabras infames que no valen nada. Honremos su vida. No lo saquen de su corazón”, escribió en su publicación en la que, además, reconoció que sentía el cariño de todos aquellos que dieron testimonio de la vida de su hermano.
Por otra parte, diputados de la 64 Legislatura se unieron al reclamo de estas fake news y acusaron, además, que estas páginas están vinculadas a la coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado y al Comité Estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Así lo hizo, en su momento, el legislador morenista Ernesto González Romo, quien escribió que publican “estas bajezas” para difamar a las víctimas pensando que pueden ayudarle, a su vez, a quitarle responsabilidad a las autoridades, pero en realidad, aseguró, “nos ofenden a todos”.
Las publicaciones causaron también indignación entre familiares y amigos del hoy occiso, quienes comentaron reiteradas veces que Raúl no consumía alcohol, por lo que la versión de dichas publicaciones era falsa. Asimismo, solicitaron que las páginas fueran reportadas para que la red social Facebook las cancelara.
Horas más tarde del 2 de enero, la FGJEZ informó, mediante un comunicado, que había indicios de que el abogado falleció por heridas producidas por arma de fuego. Esto se dio luego de que se iniciara el protocolo de búsqueda por desaparición, denunciado por sus familiares y de la realización de las entrevistas con las personas que pudieran haber visto a Raúl.
En seguimiento, a través de las cámaras del sistema de videovigilancia, informó ese día la Fiscalía, se localizó, aseguró y procesó el vehículo de motor en que se trasladaba la víctima y producto de las diligencias de la investigación practicadas la tarde del día 2 de enero, alrededor de las 16 horas, el joven fue localizado al interior de su departamento sin vida.
Tras la ejecución de una orden judicial de cateo, el lugar fue procesado y su cuerpo fue trasladado al área de Medicina Legal para el protocolo de necropsia, mismo que arrojó como resultado de causa de muerte las heridas producidas por disparo de arma de fuego.
Asimismo, la Fiscalía afirmó que los avances sobre la investigación, que puedan ser públicos, se darían a conocer en el momento procesal que resultara oportuno por los canales institucionales, observando el sigilo que se requiere para garantizar el éxito en las investigaciones y, ante todo, asegurar la protección de los derechos de las víctimas conforme a las disposiciones de orden público y de observancia general aplicables al caso.
De esta forma, es que este martes, mediante la solicitud del desafuero, se dio a conocer que el coautor del homicidio es Chávez Padilla y versiones extraoficiales han señalado como culpable también, a la presidenta honorífica del DIF Guadalupe y cónyuge del edil, María de Jesús “N”.
Posicionamientos de partidos y políticos
Luego de que la petición fue leída en tribuna, este martes, a cargo del presidente de la Jucopo, institutos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) fijó su posicionamiento al respecto. En un comunicado firmado por el CEN estatal, se consideró como “inconcebible” la posibilidad de que un funcionario de alto nivel de gobierno, lejos de garantizar la seguridad de los ciudadanos, resulte contrariamente, como uno de los generadores de violencia en el estado.
En este sentido, desde este partido manifestaron que, una vez llevada a cabo la solicitud de la Fiscalía General del Estado al Poder Legislativo de Zacatecas para separar del cargo a “Julio César N” como presidente municipal de Guadalupe, por su presunta participación en el homicidio de Raúl Calderón Samaniego, exigieron a los diputados resolver, de manera pronta y expedita, tal petición, así como a la Fiscalía a que tome providencias necesarias para garantizar la correcta aplicación de la justicia a favor de las víctimas de “tan lamentable suceso”.
Por su parte, el legislador y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), José Xerardo Ramírez Muñoz, emitió también un comunicado en el que aseguró que, como integrante de la Comisión Jurisdiccional de la Legislatura, cuya reunión será este miércoles a las 12:30 horas, actuará de manera objetiva, con responsabilidad y absoluto respeto a la ley y la protección de los derechos humanos, pues al tomar protesta como diputado, juró cumplir la ley y hacerla cumplir y más ante la problemática de seguridad que vive el estado.
Finalmente, en un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció que este acontecimiento es un parteaguas en la historia política de Zacatecas y lamentó el hecho que “consterna y lastima a las familias involucradas, así como a las autoridades estatales y los legisladores”, por lo que solicitan que el caso se apegue al debido proceso y se sujete institucionalmente a la estricta aplicación de la ley.
