■ Titular de la SFP sólo está para “tapar” corrupción de funcionarios, afirma Geovanna Bañuelos
■ No descartan que se presenten denuncias penales contra quienes lo ameriten: secretario
Si bien ya concluyó la auditoría que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó a la dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) por presuntos actos de corrupción, aún no se emite un resolutivo final respecto de las sanciones a las que podrían ser acreedores algunos funcionarios. El dictamen último estará listo en un plazo de 10 días.
Así lo dio a conocer el titular de la SFP, Guillermo Huizar Carranza, a raíz de que el Partido del Trabajo (PT) consideró que sólo está para “tapar” la corrupción de los funcionarios estatales, esto por únicamente emitir sanciones administrativas al director de Tránsito, Agustín Jaime Ortiz Arellano, pese a los presuntos delitos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, peculado y otros, arrojados en la auditoría.
Al respecto, Huizar dijo que si hay los elementos constitutivos de delito suficientes, no tendrá problema en presentar una denuncia penal, “yo no tengo ningún problema, pero no puedo adelantar los tiempos”. Además, comentó que no tiene atribuciones para hacer juicios penales, sino hacer una investigación administrativa ajustada a los tiempos establecidos por ley.
Debido a que la dirigente del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, aseguró que los resultados de la auditoría le llegaron de manera anónima en sobre cerrado al partido, el funcionario estatal comentó que los resultados ya son públicos, además la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano Cantú los solicitó vía acceso a la información y se le entregaron. Señaló que, por lo tanto, podría haber algún acercamiento entre los petistas y la legisladora.
Refirió que la investigación está incluso en el portal de Internet de la SFP puesto que la investigación está terminada, más no el procedimiento. Es decir, ya pasó la etapa de notificar a los implicados, éstos presentaron pruebas, se valoraron, se emitió un dictamen, el informe de inicio de procedimiento, se acudió a las audiencias de ley y en estos momentos corre el plazo para que la Secretaría emita la resolución definitiva.
Es por ello que no se descarta que en su momento se presenten denuncias penales en contra de quienes lo ameriten, pero por ahora no se puede adelantar ya que falta ver si hay elementos que puedan ser constitutivos de delito.
En cuanto las sanciones administrativas que ya se marcan en la auditoría, Huizar Carranza comentó que podrían ir de una amonestación privada, hasta la destitución o inhabilitación permanente para desempeñar un cargo público, de modo que para Ortiz Arellano no se podría descartar ni adelantar alguna, finalizó.
