Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura del estado, presentaron una iniciativa de decreto mediante la cual dicho poder pretende crear la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Zacatecas, figura que se reconoce desde 1996 y cuyos atribuciones constitucionales faculta a las entidades para crearlas, no obstante, el estado continúa sin tener la propia que coadyuvaría a atender los conflictos entre pacientes y personal médico.
“La trascendencia del derecho a la salud es de tal importancia, que se le reconoce la calidad de derecho de referencia, por lo que, debe considerarse como una prioridad para el Estado sobre algunos otros derechos humanos, solamente equiparado al derecho a la seguridad” señalaron los promotores de la iniciativa, el diputado José Xerardo Ramírez Muñoz y la legisladora Ana Luisa García del Muro.
En sus inicios, refirieron, el acto médico se caracterizaba por ser un binomio médico-paciente, en el médico hacía todo para proteger a su paciente y este no opinaba convirtiéndose tal situación en una especie de paternalismo; sin embargo, actualmente se han presentado cambios a esa relación tradicional, al grado tal que también participan los familiares del paciente en la toma de las decisiones médicas, así como gran parte de la estructura de personal relacionado con la prestación del servicio de salud, como son los paramédicos, los técnicos auxiliares, las enfermeras, entre otros, dando lugar a un factor de carácter polinómico.
Ante tal circunstancia, al existir ya una apertura más plural de participación en la prestación de servicios médicos, surge con más frecuencia lo que se conoce como el riesgo médico en el ejercicio de la práctica profesional, pudiendo presentarse casos en los cuales el médico puede actuar con negligencia, impericia o imprudencia, surgiendo con ello la responsabilidad civil, administrativa o penal de éste para con el paciente y sus familiares, sin dejar de lado la negligencia del propio paciente y sus familiares en cuanto al seguimiento puntual de las indicaciones médicas que le han sido prescritas, lo que hace inminente el establecimiento de una instancia que coadyuve a dirimir cualquier tipo de inconvenientes en la prestación del servicio y sus consecuencias.
Desde junio de 1996, por Decreto Presidencial, recordaron los petistas, se otorgó vida jurídica a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, derivado de la necesidad de contar con un organismo que intervenga como mediador en los conflictos que se suscitaban entre paciente y médico, respectivamente; dejando en libertad a las entidades de la República Mexicana para que, en pleno uso de sus atribuciones constitucionales y su facultad configurativa, pudieran crear sus respectivas Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, con el único fin de contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud de todos y cada uno de sus habitantes, así como a mejorar, la calidad en la prestación de los servicios médicos que se ofrecen, ya sea a través de la atención médica en el servicio público o en el ámbito privado.
Para el caso de los estados, las comisiones estatales de arbitraje médico o también conocidas como comisiones de conciliación y arbitraje médico, son instancias especializadas que cuentan con autonomía técnica y tienen atribuciones para recibir quejas, investigar presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y resoluciones, las cuales permiten solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante procedimientos alternativos para la resolución de los conflictos tales como: orientación, gestión inmediata, conciliación y arbitraje en su caso, es por ello que, ante los actos u omisiones derivadas de la prestación de servicios de salud, así como de presuntos actos de posible mala práctica con consecuencias sobre la salud del usuario, precisaron.
Por estas razones, y considerando que los zacatecanos deben recibir servicios médicos adecuados en los que puedan participar de manera coordinada y enterada tanto el médico, paciente y familiares, que estén debidamente conscientes de las modalidades en la prestación del servicio médico, su costo, tratamiento y los posibles resultados, ya sea en el ámbito de las instituciones públicas o privadas, con el objeto común de proteger, promover y restaurar la salud de los pacientes, surge la necesidad de instaurar una Comisión de Arbitraje Médico Estatal, señalaron Ramírez Muñoz y Del Muro García.
“Derivado de las actuales circunstancias resulta necesario que la población cuente con mecanismos que, sin perjuicio de la actuación ante las instancias jurisdiccionales que les permitan acceder a la solución de conflictos, contribuyan a tutelar el derecho a la protección de la salud, así como a mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos”, señalaron.
Por ello, consideraron pertinente contar con un órgano al que puedan acudir para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles conflictos derivados de la prestación de dichos servicios, con lo que se contribuirá a evitar grandes cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, traduciendo esto en un acceso menos complicado y a una solución del conflicto con resultados satisfactorios para las partes.
Por último, destacaron que a la fecha, solamente algunas entidades carecen de una Comisión Estatal de Arbitraje Médico, como Durango, Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo, por lo cual los asuntos de esta naturaleza son atendidos por la Comisión Nacional, situación que a los usuarios les resulta más complicado acceder a los servicios de esa Comisión Federal.
“Atendiendo a ello, es por lo cual consideramos pertinente proponer la creación de esta Comisión estatal, con lo cual estaremos contribuyendo a que la ciudadanía zacatecana cuente con las instancias correspondientes en donde pueda dirimir sus controversias de carácter médico”, concluyeron.
