Durante décadas la búsqueda por un diseño institucional que permitiera condiciones para la competencia política y la pluralidad guio el largo proceso de reforma, más o menos terso que hoy conocemos como la transición a la democracia. Sin posibilidad de fijar una fecha o acontecimiento de arranque, se puede coincidir en que tal etapa inició conforme la hegemonía iba perdiendo sentido en un país con una sociedad cada vez más amplia, y, por tanto, también más diversa. Acontecimientos como el movimiento estudiantil de 1968, el indignante acontecimiento de 1971 conocido como el “halconazo”, o la solitaria participación de José López Portillo en las elecciones presidenciales de 1976 como único candidato elegible, culminaron en una primera propuesta seria para ampliar la participación de la oposición en las elecciones, y aún más con la apertura necesaria para que en el Congreso y particularmente en la Cámara de los Diputados, se produjera una ampliación (pues su creación sería formalmente en 1963) de la representación proporcional de los partidos no oficialistas, y del reconocimiento del Partido Comunista para efectos de registro y participación legal en la contienda electoral. A partir de entonces, surge la conocida ruta de reformas en materia electoral, sin embargo, no son solo éstas las que permiten que arribemos a finales del siglo XX a las alternancias en los estados, la plena pluralidad en el Congreso de la Unión y finalmente la alternancia en la presidencia de la república. Hay detrás todo un proceso de modernización a nivel constitucional que baja operativamente a las instituciones, que no termina por complacer a una ciudadanía en espera de vías de inclusión, participación y especialmente, la apertura de un Estado que se mantiene cerrado, aún con la aparente democratización que le acompaña en materia de pugna política.
Es así como diferentes procesos, de carácter social y económico, permitieron la relativa competencia y finalmente la competencia efectiva en la arena electoral, que dio lugar, en distintos momentos hitos de lo que sería llamada la transición a la democracia. Sin la intención de ser exhaustivos, podemos enlistar los siguientes: la elección de 1988, los controvertidos resultados y la obligada declaración, de parte del candidato Salinas de Gortari, que “había llegado a su fin la época del partido prácticamente único”; el reconocimiento del triunfo del Partido Acción Nacional en la elección de 1989 en el estado de Baja California; los conflictos post electorales del sexenio salinista que dieron como resultado una serie de “concertacesiones” que permitieron a su vez que varios estados terminaran encabezados por ejecutivos de la oposición (particularmente por la oposición panista); la elección de 1994, con su complejo contexto de violencia y magnicidios, que culminó con la aceptación del presidente electo, Ernesto Zedillo, de que la elección había sido justa pero no equitativa , lo que permitió avanzar en la macro reforma de 1996; los resultados de la elección de 1997 en las que el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de los Diputados en el Congreso de la Unión, y en las que por primera vez se celebraron elecciones para definir al titular del ejecutivo en el entonces Distrito Federal, recayendo dicha responsabilidad en el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ícono de la izquierda y la lucha por la democratización en el país; y finalmente, la histórica elección de 2000 que trajo consigo la alternancia a nivel presidencial. Otro momento que es inherente a la historia de la lucha electoral en México lo es la elección de 2006, que trajo consigo un tsunami de reformas en una normatividad que habíamos creído más o menos acabada y que culminó (por lo menos hasta el momento en que se redacta el presente texto) en la centralización del sistema electoral a partir de la creación del Instituto Nacional Electoral y las leyes de carácter general en la materia.
@CarlosETorres_
