■ Pago de prestaciones injustificadas y otorgamiento de becas, principales observaciones
■ Se iniciará procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias
De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) muestra irregularidades en el ejercicio de más de 47 millones de pesos, en especial en pago de prestaciones injustificadas, otorgamiento de becas, entre otros, para lo cual iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.
La principal anomalía es de 44 millones de pesos y es “por otorgar al personal de la Universidad prestaciones de manera injustificada, dado que no están consideradas en los Contratos Colectivos de los sindicatos ni en una norma legal vigente, al tratarse de prestaciones específicas que otorgó la Universidad durante el periodo de enero a diciembre 2013 por la cantidad de 44 millones 420 mil 169.21 pesos, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 126 y 127 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 3° párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 20 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2013 y 58 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Principio de legalidad para el ejercicio del gasto público considerado en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2013”.
El documento responsabiliza al Rector Armando Silva Cháirez, por no ejercer cabalmente el presupuesto de egresos en los términos aprobados por el Consejo Universitario y velar por el cabal cumplimiento de las normas contenidas en la Ley Orgánica y el Estatuto General de la Universidad; al secretario administrativo, Emilio Morales Vera, por no supervisar y establecer mecanismos de control en la aplicación de los recursos; y al contralor interno José Said Samán Zajur, por no haber presentado la totalidad de la documentación e información solicitada para la revisión de los recursos públicos estatales y federales transferidos y ejercidos por la UAZ.
Asimismo, señala que Ángel Román Gutiérrez, en ese momento coordinador de Personal y encargado de generación de nóminas, según lo indicado en el Manual de Procedimientos de la Universidad, otorgó prestaciones de manera injustificada, por concepto de 44 millones 420 mil pesos, de las cuales no se identificó la partida autorizada presupuestalmente ni el origen de los recursos asignados para ello.
Otra observación se refiere a la cantidad de 2 millones 599 mil 658 pesos, correspondiente a recursos erogados a 11 becarios del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (Promep), que a la fecha ya concluyeron con el periodo de la beca y de los cuales no se exhibe documentación que acredite que han concluido con el periodo de estudios. Entre las personas que recibieron los recursos por las becas autorizadas y de los cuales no se acredita la conclusión de los estudios destacan Julio César Jiménez Moreno (un millón 175 mil pesos), Josefina Huerta García (434 mil 750 pesos), y Julio César López Domínguez (349 mil 750 pesos).
La ASE solicita que Olga Yadira Barbosa Cisneros, entonces representante institucional ante el Promep, presente un informe final académico y financiero, pues no mostró evidencia de prórroga autorizada para la presentación de la documentación o bien, en caso de que no se haya concluido con los estudios, evidencia del reintegro al fideicomiso de ese programa.
La ASE anuncia también que iniciará ante las autoridades correspondientes, la Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas derivadas de las acciones de Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo en contra de Emilio Morales Vera y Miguel Ángel Flores Ramírez quienes se desempeñaron como secretario administrativo y coordinador de Finanzas, por no exhibir la documentación que acredite la apertura de las cuentas bancarias en específico de los convenios de apoyo financiero celebrados entre la UAZ y la Federación para la asignación de 21 millones 320 mil pesos.
Señala además que Emilio Morales Vera, secretario administrativo de la Universidad, no se apegó al desempeño de sus funciones en lo relativo a coordinar la administración de los recursos financieros en los términos aprobados en el plan de desarrollo institucional, los planes operativos anuales y sus correspondientes presupuestos, siendo responsable de que se hayan efectuado erogaciones por concepto de prestaciones ligadas y no ligadas al salario así como remuneraciones adicionales a personal académico, administrativo, mandos medios y 15 superiores, de confianza y eventual que no están presupuestadas y de las cuales no se identifica el tipo de recurso con el cual fueron pagadas o en su caso no están autorizadas en los convenios de apoyo financiero celebrados entre Gobierno Federal, Estatal y la Universidad, las cuales ascienden a 528 mil 717 pesos.
Por último, la ASE expone que, de acuerdo al resultado de la auditoría, deriva en la promoción de 16 acciones, de las cuales 7 son preventivas y 9 son correctivas, de manera que la UAZ tendrá un plazo de 20 días hábiles para su aclaración o solventación una vez notificado por dicha entidad de fiscalización. Ello con el objetivo de “asegurar que se atienda la observación formulada, con el propósito de coadyuvar a adoptar medidas correctivas y preventivas, establecer sistema de control y supervisión eficaces, y en general lograr que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el cumplimiento de los objetivos a los que están destinados”.
