Desde sus orígenes, a finales del siglo XVIII, los sindicatos han estado destinados al fracaso. Su función de defensa de los intereses colectivos supone una resistencia permanente y pertinaz de parte de quienes forman la clase patronal, por lo tanto, no es de extrañar que ésta persiga a toda costa su exterminio o, por lo menos, minar su influencia en la toma de decisiones relevantes. Como en estos tiempos parece inviable, mas no imposible, la represión física directa, uno de los métodos más comunes es la imposición o compra de líderes sindicales que den la espalda a sus agremiados. Éste es el caso del actual secretario general del SPAUAZ, José Juan Martínez Pardo, quien desde su llegada al puesto ha demostrado un evidente contubernio con el rector y sus políticas dirigidas a coartar los derechos laborales del personal docente. J.J. ha violentado, en diversas ocasiones, los estatutos que prometió resguardar, basta remitirse a la firma que realizó de manera unilateral del desistimiento de huelga, en febrero del presente año, cuando debió de haber consultado a las profesoras y profesores universitarios, ya sea en votación abierta o en la figura de la Asamblea General, la que, por cierto, hasta la fecha se rehúsa a convocar.
Desde entonces, la vida sindical en la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha visto trastocada por una serie de acciones en detrimento del ambiente democrático que debería prevalecer en nuestra institución: indiferencia ante los reclamos por los diferentes casos de irregularidades en las unidades académicas, ocultamiento de información que debería ser de manejo público, discursos de odio y amenazas que han provocado la división entre el personal docente. No obstante, la acción más preocupante es la opacidad con que, tanto el secretario general como el rector Rubén Ibarra, han “manejado” el trámite de legalización del Contrato Colectivo de Trabajo, quienes a través de mentiras, informaciones a medias y triquiñuelas dignas de tahúres de feria (una disculpa a los tahúres de feria, quienes al menos saben mentir bien) han intentado engañar a las y los docentes, y también a la sociedad zacatecana.
El Contrato Colectivo de Trabajo ha sido un instrumento fundamental para que quienes ejercemos una profesión, y nos pagan por hacerlo, estemos protegidos ante las posibles medidas autoritarias de los patrones. Durante años, este instrumento ha permitido que, por ejemplo, no se despida a alguien por el simple capricho de quien administra. En la recién aprobada Reforma Laboral se establece que “los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción” y para esto, lógicamente, se debe consultar a quienes formamos parte de un sindicato para dar el visto bueno a nuestro CCT. Desde principios de este año, el Grupo Plural de Delegaciones, conformado por un amplio y diverso universo de docentes, ha solicitado hasta el cansancio, que el secretario muestre los lineamientos del documento que debe ser aprobado antes de mayo de 2023, para tener la seguridad de que estos respalden nuestros derechos fundamentales. Hasta la fecha la respuesta, de parte de J.J., ha sido un lapidario silencio y, por su lado, la administración central, así como los directores y directoras cercanas a ésta, han calificado el movimiento como “banal” o impulsado por intereses personales.
De esta manera es que han intentado desvalorizar las acciones del Grupo Plural, los paros del viernes 9 y lunes 12 de septiembre, como parte de una estrategia politiquera, cuando en la vía de los hechos, como se ha repetido desde hace seis meses, las demandas son muy claras: Transparencia y apego a los principios sindicales en el proceso de legalización del Contrato Colectivo.
Los sindicatos han estado destinados al fracaso porque quienes todavía creemos en los derechos laborales nos enfrentamos no sólo a la clase patronal que busca a toda costa mantener sus privilegios, sino también al discurso de odio que ésta propaga a través de sus comunicados demagógicos (ver el del 11 de septiembre), que al utilizar términos como “asedio” o “guerra” contribuyen a lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe llama la política de la enemistad, es decir, un discurso que a través de vocablos bélicos focalizados en un grupo social contrario, dirige y delimita a este grupo como el enemigo al que se debe neutralizar o exterminar.
El fracaso de los procesos sindicales se funda, pues, en la imposibilidad de su cumplimiento total, pero, al igual que la utopía, sólo lo podremos comprobar al emprender la búsqueda.
