El Partido Encuentro Solidario (PES), a través de la diputada local, Roxana del Refugio Muñoz González, buscará que quienes, sin justificación alguna, pongan en riesgo la vida de las personas o atenten contra el patrimonio de cualquier otra persona al realizar detonaciones al aire con armas de fuego, se les imponga una pena de uno hasta cinco años de prisión y de 200 a 700 cuotas, así como el decomiso del arma.
Esto sería posible a través de un Decreto por el que se reforme el artículo 139 y se adicione un artículo 139 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas, mismo que ya fue propuesto al pleno de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura del estado y enviado a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación.
De acuerdo con la exposición de motivos de la diputada, la situación actual de inseguridad que enfrenta el país y la entidad ha provocado, entre otras cosas, una crisis severa de derechos humanos que se manifiesta en una escalada de agresiones al ejercicio pleno de las garantías reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales.
Esta coyuntura de inseguridad que se padece en el estado, dijo Muñoz González, se viene arrastrando desde las dos anteriores administraciones cuyas estrategias de seguridad no dieron resultados en más de una década, además de ser inoperantes en el planteamiento de soluciones, lo cual se traduce en homicidios dolosos vinculados a la lucha contra el crimen organizado, ejecuciones arbitrarias por parte de servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, tortura, trata de personas, violencia feminicida, violencia criminal, institucional y política.
“El clima de inseguridad en el que viven zacatecanas y zacatecanos ha repercutido de forma alarmante en el incremento de la incidencia delictiva, es decir, ilícitos que antes no mostraban un foco rojo de atención, hoy son una problemática social, asimismo, han surgido nuevos delitos y modalidades en las que son cometidos, repercutiendo de forma directa en el desarrollo de la sociedad con pleno respeto en el ejercicio de sus derechos fundamentales”, señaló también la promotora del decreto.
Es por esta aparición de nuevos delitos y de modalidades para la realización de los mismos, que surge la necesidad de fortalecer los marcos normativos en la materia, creando y fortaleciendo los tipos penales que se apeguen a la sanción adecuada de la conducta antisocial, contribuyendo a la consolidación del Estado de Derecho y a la paz social que tanto se anhela en la entidad, que se ha convertido en el séptimo estado con peor percepción de seguridad en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (Envipe) 2021.
“La atención del problema de seguridad pública, de violencia y delincuencia debe tener en cuenta muchas circunstancias, factores, aristas y estructura para que su eliminación sea exitosa y, sobre todo, permanente. Por ello y ante este desafío, los tres órdenes de gobierno no deben darse el lujo de menospreciar u omitir, ningún factor que se considere herramienta que contribuya a la pacificación de la entidad”, dijo la legisladora, quien consideró que uno de estos factores es el relativo a la posesión de armas de fuego visto desde el proceso de socialización que se ha dado en la sociedad de poseer un arma de fuego sin que se tenga, necesariamente, un fin delictivo pero que genera peligro cuando realiza los llamados “disparos alegres”.
En este sentido, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz (UNLIREC por sus siglas en inglés), publicó en 2015 un estudio en el que documentaron algunos datos sobre los “disparos alegres”, como que el 55 por ciento de las víctimas de balas perdidas fueron hombres mientras que el 43 por ciento de las víctimas fueron mujeres. En el 2 por ciento de los casos documentados, el sexo de la víctima no fue especificado; mientras que los menores de edad representaron el 43 por ciento de las víctimas de balas perdidas, mientras que los adultos jóvenes (entre 18-29 años) representaron el 18 por ciento. Esto significa que el 61 por ciento de todas las víctimas de balas perdidas fueron jóvenes menores de 30 años.
En este contexto, advirtió la legisladora, la UNLIREC recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire, consideren, particularmente en contextos urbanos, adoptar pronto medidas legislativas en estos temas; y recomienda, también, que dicha legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.
Por tal motivo, es que presentó dicha iniciativa de Decreto para reformar al Código Penal para el estado de Zacatecas, en materia de armas prohibidas, a fin de que se introduzca el delito de disparos al aire como un delito de competencia de los tribunales comunes perpetrados en territorio zacatecano, y buscar así los cambios normativos necesarios para ofrecer a la ciudadanía, instrumentos legales que respondan a las exigencias en materia del derecho a la protección de la vida como un derecho fundamental.
