■ Muchas legislaciones estatales también omiten la figura de asesor jurídico calificado a que tiene derecho la víctima
■ 85 por ciento de quienes recaen en esta responsabilidad no tiene capacidad para pagar, expuso
No se ha encontrado dentro del sistema de administración e impartición de justicia una forma adecuada para atender el tema de la reparación del daño a las víctimas. En México, 85 por ciento de quienes recaen en esta responsabilidad, no tiene la capacidad para pagar “una reparación económica del daño completa”, dijo Carla Pratt Corzo, capacitadora del Sistema Acusatorio de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Sectec).
Precisó que sólo 10 por ciento de los casos procesados dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio terminarán en un juicio oral, por lo que este mecanismo de impartición de justicia es excepcional.
El otro 90 por ciento de los casos, se solucionarán por la vía de mecanismos alternativos que involucran la mediación y la conciliación, y en donde la reparación del daño tiene un papel preponderante.
El tema de la reparación del daño “ha sido difícil de enfrentarse” no sólo en México sino en Latinoamérica. “Es muy difícil, es doblemente difícil cuando tenemos un país con graves problemas económicos”, agregó.
Carla Pratt Corzo propuso como una ventaja que ofrece el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el que “se ha entendido que retener a la gente por una gran cantidad de tiempo no resuelve nada. Ha sido un paso, pero este paso ha dejado desprotegida a la víctima”.
Observó respecto a quienes debieran pagar una sanción económica resarcitoria pero no tienen capacidad económica para ello, que es un principio jurídico que “nadie está obligado a lo imposible”, pero la normatividad permite ahora que la reparación del daño se haga en plazos, “algo más acorde con las necesidades y las realidades mexicanas”.
Sobre esta solución que ofrecería justicia en forma pero quizás no en tiempo, agregó respecto a la posibilidad de crear fondos para ello, como lo contempla la Ley General de Victimas, y la respectiva local en la materia, que “la realidad es que tenemos un país donde estamos buscando acabar de dar escuelas, de dar agua potable” y ofrecer respuesta a otras necesidades básicas por lo que no habría capacidad para “proteger este tema de la reparación del daño”.
Lo ideal sería, dijo, que todos los países contaran con un fondo resarcitorio, como ocurre en Europa, pero estos Estados tienen una condición distinta.
“Ha sido un tema complicado de resolver, sumado a la condición económica de nuestra población”.
Carla Pratt también precisó sobre otra figura legal que se integra en el nuevo sistema penal acusatorio para la protección de los derechos de las víctimas, el asesor jurídico calificado, que aunque se encuentra contemplado en la Ley General de Víctimas, “en la mayoría de los estados no se cuenta con esa figura”.
“El tema del asesor jurídico es un tema completo y diverso (…) cuando se requiere hay veces que el Ministerio público acaba viendo a quién le pide apoyo para no desproteger a la víctima. A veces a defensorías públicas, que no es lo más ideal”.
Dijo que es una obligación de los estados de la República generar esta figura legal del asesor jurídico para darle cumplimiento a la Ley General de Victimas, pero calificó al tema de “debatible” porque el Ministerio Público es la figura que finalmente vela por los derechos de las mismas.
En el país el avance de implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio expresa un faltante de entre 65 y 70 por ciento. El caso de Zacatecas difiere, pues se encuentra, dijo la funcionaria, a 20 por ciento de cumplimentarse.
Carla Pratt Corzo fue abordada al finalizar en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, su conferencia, Disposiciones constitucionales del Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio crítico de la reforma para la implementación de juicios orales. Acudió invitada por la organización estudiantil Hecho en derecho.
