■ Fueron presuntamente cesados por no colaborar en la campaña electoral del actual alcalde
■ El ex presidente de la JLCA los dio de alta en el IMSS pero no los reinstaló, denuncian
“Los presidentes municipales que decían ser de izquierda resultaron ser unos dictadores”, dijo Santos Antonio González Esparza, abogado defensor de 45 trabajadores que fueron despedidos por Eleuterio Ramos Leal, alcalde perredista de Valparaíso, quien habría alegado ante los afectados como pretexto para no pagar las prestaciones de ley y salarios caídos, derivados de un laudo emitido el pasado 12 de abril por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), el haberse gastado los recursos en la campaña electoral en que participó su hermana, quien contendió para una diputación en el proceso local culminado el pasado 5 de junio.
El pasado 12 de abril y luego de un litigio ante la JLCA que duró casi tres años, se emitió un laudo mediante el que esta instancia mandató la reinstalación de José Luis Trujillo Vargas y 44 trabajadores más, quienes fueran presuntamente despedidos por no haber colaborado en la campaña electoral con la que ganó la alcaldía de Valparaíso el actual presidente municipal de la demarcación.
Ante el mandato de ley, Ramos Leal, quien fuera ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y por tanto un perito en la materia, observó González Esparza, sólo dio de alta a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social pero no los reinstaló, señalándoles que lo haría hasta dentro de seis meses, esto es, cuando él ya no se encuentre al frente del ayuntamiento de Valparaíso. Además observó el litigante, con la presunta intención de alegar que habrían abandonado el empleo.
En demanda de su reinstalación pero también del pago de salarios caídos, aguinaldo proporcional y vacaciones, efectos del citado laudo que también se han incumplido, los trabajadores tomaron las instalaciones de la alcaldía desde el pasado jueves y no las entregarán, advirtieron, hasta que Ramos Leal abra con ellos la vía del diálogo y la negociación.
Por todo ello el abogado preguntó si “las autoridades están esperando que se hagan justicia por propia mano”, agregando que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tampoco ha intervenido en el asunto por encontrarse ocupado su titular en la terminación del edificio de sus nuevas instalaciones y asimismo en tema del relevo en la titularidad del organismo.
El asunto puede complicarse aún más, dijo el litigante, luego de que se reitere la práctica de despido de trabajadores aparejada a la alternancia en el poder, pues en la reciente elección la alcaldía de Valparaíso pasará de manos de la alianza PAN-PRD con que ganó Ramos Leal, a las del PRI, por lo que podrían quedar fuera los 45 trabajadores que sustituyeron a los que defiende Santos Antonio González.
El abogado comentó en respuesta a los señalamiento del uso presuntamente político del asunto, que fue la Junta de Conciliación y Arbitraje quien emitió el laudo el pasado 12 de abril, cuando no era posible saber quién ganaría la elección, y definió al pasado 6 de junio como el día en que debía realizarse la reinstalación de los trabajadores, por lo que negó que hubiera un vínculo de esta índole.
