El tema de fondo más importante para el pueblo de México en este inicio del 2022 es, con mucho, la iniciativa de constitucional para la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente AMLO. El asunto se debate en la Cámara de Diputados bajo el formato de parlamento abierto. Sin embargo, las grandes cadenas de televisión y radio abiertas se están ocupando prioritariamente en tratar de convencernos de que AMLO, su familia y la 4ª T son tan corruptos como los neoliberales: políticos, empresarios, comentaristas, conductores y periodistas. A ello tiende el slogan que sintetiza su estrategia mediatica: “Todos somos Loret”.
Sin embargo, rápidamente se abre paso una respuesta contundente: “No podemos sentirnos representados por un periodista que tiene una deuda con la ciudadanía de décadas. Un periodista de élite que ejerció un periodismo acotado por los intereses de Televisa, que no sólo incluyó la censura y el veto a personas, sino en su momento de mayor poder, inventó ficciones…”, escribió Sabina Berman. Hoy millones recordamos el montaje que acordó con García Luna sobre la toma de la Policía Federal de un sitio de “secuestradores” y la tortura transmitida en tiempo real, de Cárdenas Palomino a Israel Vallarta. García Luna y su equipo hoy está sujeto a procesos penales aquí y en Estados Unidos, y no es remoto que Felipe Calderón y Loret sean llamados a declarar.
Cientos de periodistas escriben que Loret no los representa, y con más razón quienes han perdido espacios por sublevarse ante la dictadura de los magnates dueños de la prensa, como la propia Carmen Aristegui durante las administraciones de Calderón y de Peña. Es una mentada de madre comparar su trabajo heroico con un trabajo pagado con 33 millones de pesos anuales, y bajo la protección de grupos políticos tan poderosos como corruptos.
Hoy, centenares de políticos y comentaristas irrelevantes aplauden que Loret publique posibles actos de corrupción de personas cercanas al presidente, sin reparar en que sus reportajes sólo aspiran, mañosamente, a aprovechar el razonamiento simplista de que en un país con una clase política corrupta, es probable que el hijo del presidente haya recibido el favor de habitar en Houston una casa de una empresa provedora de servicios petroleros a Pemex. Sin embargo, la premisa inicial es falsa, pues ni AMLO ni su familia son conocidos por una conducta corrupta, y quienes firmaron y divulgaron el reportaje NO se molestaron en investigar y concluir sin lugar a dudas, que lo probable era realidad. No probaron nada. Hoy está claro que la empresa no obtuvo favor alguno, que ganó una licitación legal y que los servicios solicitados estaban contemplados en el contrato. Que así ha ocurrido durante las décadas que ha colaborado con Pemex, cuya dirección ha probado que los servicios solicitados y otorgados por la empresa corresponden al incremento de la actividad de Pemex desde el inicio de la administración de AMLO. La empresa también señaló que la casa que habitó José Ramón durante poco menos de un año, no ha sido ni es de su propiedad, ni la ha administrado. Ya está claro también que el dueño de la casa fue empleado de la empresa, y que nunca estuvo adscrito al negocio en México, y también ha afirmado que no conocia a sus inquilinos.
Aceptando, sin conceder, que AMLO haya reaccionado desproporcionadamente haciendo públicos los ingresos de Loret, el asunto no deja de ser anecdótico, por lo que el intento de los neoliberales de inflar el hecho hasta volverlo épico, es verdaderamente rídiculo. Muchos de ellos ya hacen afirmaciones temerarias, como que José Ramon es el dueño de la casa, sin detenerse en el hecho de que esa afirmación ni siquiera es parte de la investigación original. Lo que los mueve es el dicho de “miente, miente que algo queda” para debilitar al presidente y a la 4ª T en momentos en que el Poder Legislativo mexicano se prepara para votar la iniciativa de Reforma Eléctrica de AMLO, y que el 10 de abril se celebrará la consulta de revocación de mandato del presidente.
No debemos de perder de vista que antes de la llegada al poder del panista Vicente Fox, la inversión española en México era casi testimonial a pesar de ser uno de los mercados más grandes y atractivos; no figuraba en su radar y sólo representaba 8 por ciento de la inversión española directa en América Latina.
Con la llegada de los panistas a la Presidencia, sobre todo de Felipe Calderón, se abrieron de par en par las puertas del mercado mexicano, el público y el privado, a las empresas españolas. Fue un periodo que coincidió con la gran expansión de las multinacionales ibéricas que aprovecharon los favores gubernamentales y el tejido jurídico de los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y Peña en materia eléctrica en 2013. En 20 años, las grandes corporaciones españolas ya controlan algunos de los sectores estratégicos de la economía mexicana: el bancario, el energético, en la infraestructura, el sector turístico, y en otros sectores menos relevantes y en menor grado de penetración, como el de la industria editorial, los medios de comunicación y los servicios.
Con el financiamiento de la banca de desarrollo mexicana y de los fondos de las Afores, en muy poco tiempo, las empresas españolas ya controlan un sector estratégico: la electricidad, gracias a la connivencia del poder político que les han concedido un trato de privilegio a costa de la Comisión Federal de Electricidad y de los consumidores, conducta apoyada atingentemente por el Poder Judicial. Esa es la realidad a debate sobre el futuro nacional en materia eléctrica. No lo perdamos de vista.
