La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a partir de ayer y hasta el 19 de febrero subsidiará 100 por ciento del Impuesto Especial sobre productos y servicios (IEPS) a la gasolina Magna, la más usada en el país, mientras la Premium será subsidiada en 83.49 por ciento y el diésel en 89.64 por ciento, con lo que dejará de recaudar 5.49, 3.87 y 5.41 pesos por litro vendido de estos combustibles.
La decisión de renunciar al cobro total o parcial de este gravamen responde al propósito de atenuar el impacto para el consumidor final de los precios internacionales del petróleo, los cuales se han disparado por la escalada retórica, diplomática y bélica de Occidente en torno a Ucrania: ayer Estados Unidos, Reino Unido y Noruega pidieron a sus ciudadanos abandonar el territorio ucranio, y el secretario de Estado estadunidense, Anthony Blinken, aseguró que Rusia podría lanzar una invasión “en cualquier momento”; a lo que se suma el envío de 3 mil soldados adicionales a Polonia por parte de Washington.
Los precios de los combustibles vehiculares se establecen a partir de tres factores fundamentales, que son el costo del petróleo, los gastos de traslados y el tipo de cambio, ya que parte importante de las gasolinas que se distribuyen en el territorio nacional son importadas. En contextos de alta volatilidad de los precios petroleros, como el actual, la liberalización de los precios de los combustibles establecida en 2017 puede llevar a repuntes súbitos que tomen desprevenidos a los ciudadanos y que se trasladan a los costos de todo tipo de productos y servicios, generando picos inflacionarios como los vistos en las postrimerías del sexenio pasado. Si, además, se tiene en cuenta que desde el año pasado se vive una inflación sin precedente en dos décadas, parece claro que la autoridad hacendaria tenía fuertes motivos para actuar de modo que se eviten mayores sobresaltos en los precios (determinación en la que muestra coincidencia con el Banco de México, que el jueves elevó en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia).
Con todo, este subsidio en la forma de renuncia al cobro de un impuesto causa una mella significativa en la hacienda pública: de acuerdo con la propia SHCP, entre enero y diciembre de 2021, la Federación captó 222 mil 894 millones de pesos por el tributo aplicable a los energéticos, una reducción de 76 mil 702 millones de pesos frente a igual periodo de hace dos años (es decir, antes de que la pandemia obligase a restringir la movilidad). En este sentido, el fortalecimiento de la soberanía energética y la reducción de la dependencia de combustibles importados podría traer beneficios tanto a los ciudadanos –quienes quedarían menos expuestos a las fluctuaciones en el precio de petróleo y el tipo de cambio– como al fisco –que no necesitaría prescindir de una fuente de ingresos–. En el curso de la actual administración federal, ya se ha logrado reducir la dependencia de gasolinas foráneas de 79 a 60 por ciento del consumo nacional, y cabe esperar que mayores avances en esa dirección permitan márgenes de maniobra más holgados ante circunstancias que, como la presente, escapan al control del Estado mexicano.
