México, DF. Dirigentes del sector privado condenaron las presuntas acciones de espionaje telefónico y por internet de Estados Unidos hacia dependencias del gobierno de México, como Pemex, la embajada mexicana en Washington e instituciones de seguridad pública.
Si bien respaldaron la decisión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de exigir una explicación a su homólogo Barack Obama, también le exigieron que proteja la soberanía nacional y la privacidad de las personas pues consideraron que ésa es un derecho que debe estar por encima de cualquier interés, incluso de las investigaciones contra el terrorismo.
La explicación por parte del gobierno de Estados Unidos «se tiene que dar porque al final es un hecho de soberanía y ningún país tiene derecho a espiar a otro. Sobre todo cuando ese país es nuestro principal socio comercial y uno de nuestros principales aliados, con el que se comparte una gran zona, comercio y muchas cosas en común», expresó Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuestionado sobre el tema al salir de la reunión mensual del organismo a la que estaba invitado el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero quien no asistió por problemas de agenda.
Cuando se preguntó a Gutiérrez Candiani si este episodio afectará la relación entre México y Estados Unidos, respondió: «cualquier relación se basa en la confianza y eso es fundamental, nunca perderla».
A su vez, Juan Pablo Castañón Castañón, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sostuvo: «siempre el respeto a la individualidad y los derechos de las personas debe estar sobre cualquier interés, inclusive de una investigación de terrorismo. (Con el espionaje) se viola la soberanía del país, pero más importante es que se violan los derechos de privacidad».
Si el espionaje lo perpetra otro país, dijo, «se atenta contra nuestra nación» y sentenció que el Estado mexicano debe proteger la privacidad.
Violar la privacidad de las personas es condenable, sin importar quien sea el responsable, si las autoridades locales, un gobierno extranjero e incluso dijo que «si lo hiciera cualquier mexicano también estaríamos mal».
«Independientemente si lo hace un país extranjero o lo hace el propio Estado mexicano no es algo que debamos de celebrar ni mucho menos de proteger», comentó al salir de la reunión del CCE.
