Tixtla. Padres de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México hace un año advirtieron hoy que volverán a impedir que se celebren elecciones municipales en Tixtla, donde está la escuela de Ayotzinapa.
En junio, familiares y compañeros de algunos de los jóvenes quemaron papeletas electorales y urnas en Tixtla y provocaron la anulación de los comicios para elegir autoridades locales y federales en ese municipio, situado unos 290 kilómetros al sur de ciudad de México, en el estado de Guerrero.
Las autoridades de Guerrero anunciaron esta semana la reposición de las elecciones para el 29 de noviembre, a pesar de la amenaza de un nuevo boicot.
«Nosotros, los padres de familia, no vamos a permitir que en Tixtla haya elecciones, pues las autoridades de los tres niveles de gobierno han ignorado el tema de presentación con vida de nuestros hijos», advirtió María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo, estudiante desaparecido de Ayotzinapa.
El movimiento de Ayotzinapa afirma que quieren constituir un municipio popular gobernado al margen de los partidos políticos.
La procuradora general de México, Arely Gómez, dio a conocer hoy que ya están disponibles para consulta en Internet 85 tomos de investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes.
«La versión pública del expediente del caso Iguala consiste en alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos», informó la Procuraduría General de la República.
«Su elaboración tomó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables», señaló.
Los estudiantes de la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa «Raúl Isidro Burgos» fueron perseguidos y atacados por policías vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala.
Esa noche hubo seis muertos, tres de ellos estudiantes, además de los 43 desaparecidos.
Según el testimonio de algunos detenidos, los jóvenes fueron entregados por la policía municipal al grupo criminal, que los asesinó e incineró en un basurero. Los restos de dos estudiantes han sido identificados con pruebas de ADN, aunque uno de ellos sin certeza absoluta.
La versión de la incineración en el basurero, asumida el año pasado como propia por la fiscalía general, fue desacreditada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En respuesta las autoridades mexicanas anunciaron que un grupo internacional de peritos hará nuevos estudios en el basurero para determinar si los estudiantes pudieron haber sido calcinados ahí.
