Chihuahua, Chih. Nosotros, “¡nunca jamás vamos a dar la orden de reprimir a nadie!” adujo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al instalar la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, adelantó que envío una carta al mandatario israelí, Isaac Herzog exponiendo su desacuerdo porque ese país esté dando refugio a Tomas Zerón de Lucio, responsable visible de la desmentida verdad histórica.
“Le pedí, que ellos no podían -por su -historia del pueblo de Israel proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo; va a ayudar para qué no haya impunidad”.
En el palacio de gobierno del estado de Chihuahua, el mandatario, acompañado de Tita Radilla, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, puso en marcha el titánico trabajo de una nueva instancia dedicada a resolver los graves crímenes e impunidad que generó la Guerra Sucia.
Se comprometió a brindar todo el apoyo, sin el menor regateo, para que en septiembre de 2024 se cumpla el plazo de investigación y se dé a conocer al pueblo el resultado de una investigación histórica, sociológica y antropológica de aquel periodo. Habrá recursos económicos y humanos para ese cometido.
Pero sobre todo ponderó la disposición y apertura del Ejército y la Marina, donde “ya cambió la mentalidad y se respetan los derechos humanos”, para asumir que el pueblo requiere hablar de los sucesos que implicaron desapariciones y violencia institucionalidad de las fuerzas armadas en contra de la población.
Su intervención, cargada de referencias históricas conllevó el compromiso de indagar investigar, conocer la verdad y en lo que corresponde “al gobierno, al Estado mexicano vamos a permitir que se abran todos los archivos, de todas las dependencias sinningún límite. Que no haya obstáculos.
“Es un trabajo muy complejo de recursos y apoyos, porque no sólo es tener los archivos, hay que hacer el trabajo de clasificarlos.
“Yo le pedí mi expediente -al director del Archivo General de la Nación- y se llevó tiempo que me lo entregara: el de la Dirección General de Seguridad donde (Miguel) Nazar Haro me acusaba de comunista”, imaginen la mentalidad de los que dominaban.
Así, dijo, a la comisión “todo lo que se requiere de recursos (se otorgará) si limite, para que lo tengan en cuenta, lo mismo cuando terminemos que ojalá y no lleve mucho tiempo. Será un trabajo intenso junto a resolver lo de la reparación de los daños”.
López Obrador, entonces se dio tiempo para ilustrar su compromiso con la resolución de las sombras que el pasado de la guerra sucia aún proyecta en la narrativa nacional.
“Les voy a contar algo que no se supo. Hay muchísimas cosas que se mantienen la anonimato y demuestra hasta que en las instituciones, por más rigidez que haya, como son la Secretaría de la Defensa y Marina, ya se habla de la defensa y el respeto a los derechos humanos”.
Ya la formación de los oficiales versa también en los hechos -y dio cuenta de un hecho al inicio de su mandato-, un grupo de la Marina secuestró a un grupo de pobladores de Puebla y los asesino, desapareció, los pobladores los detuvieron los marinos y el almirante Ortega, sin que existiera denuncia alguna, los detuvo y ordenó su procesamiento.
“Estamos viviendo un tiempo nuevo, no se puede gobernar con autoritarismo. Hay que garantizar las libertades el derecho, y que tengan confianza de qué ¡nunca jamás vamos a dar la orden de qué se reprima a nadie, nunca el comandante de las fuerzas armadas (él) no va a reprimir al pueblo, no vamos tampoco a tolerar ninguna violación de derechos humanos, por eso es importante conocer la verdad”.
El tabasqueño reiteró que al concluir su mandato desea informar, “y como aquí se dijo que podamos hacer justicia. Esto es para atender para que nunca más, nunca más los gobiernos sean violadores de derechos humanos. Para que nunca más vuelva lo de Ayotzinapa”.
El 6 de octubre pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Con él se abre la puerta de resolver hechos ominosos, enfrentar la impunidad, impulsar la justicia, y reparar a las víctimas de actos de la violencia institucionalizada, conocida como Guerra Sucia, en el periodo que ocuparon los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari. Entonces se aplicaron técnicas de represión de terrorismo de Estado, en contra de estudiantes, integrantes de movimientos sociales, magisterial y opositores políticos.
Con el decreto, que contempla la instalación de la comisión especial, hoy en la capital de Chihuahua, el gobierno y las instituciones del Estado pretenden resolver el reclamo histórico de las víctimas.
En el proceso iniciado este medio día, rondó el recuerdo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que resultó en un intento fallido por acercar los efectos de la justicia a las víctimas. Esa instancia no contó con independencia de la autoridad, ni obtuvo el presupuesto requerido para emprender las acciones de coordinación a que estaba obligada. Entre ellas con el Ejercito Mexicano y la Marina, que eran obligadas a proporcionar documentación e información que coadyuvara a resolver las investigaciones en curso.
