Luego de que el pasado 11 de noviembre, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la 64 Legislatura de estado, José Xerardo Ramírez Muñoz, presentara una iniciativa para reformar el artículo 65 de la Constitución Política del estado de Zacatecas para “revivir” las cuestionadas herramientas legislativas, en sesión ordinaria de este jueves, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jehú Eduí Salas Dávila, leyó el dictamen en el que no se comparte lo propuesto por los petistas, ya que la entrega de apoyos sociales no forma parte de las atribuciones que corresponden a un legislador, sino al Poder Ejecutivo y ayuntamientos
Cabe recordar que la propuesta del grupo parlamentario del PT, conformado por Xerardo Ramírez Muñoz, Ana Luisa del Muro y José Luis Figueroa Rangel, exponía entre sus motivos, el papel del legislador para ayudar a la gente y más aún después de los estragos económicos que ha dejado la pandemia, no obstante, la forma en que se presentó ha despertado sospechas, pues el legislador, a quien se le recuerda por exigir 100 mil pesos para aprobar el presupuesto en 2013, en su anterior etapa como diputado, se negó a leerla desde tribuna, ya que argumentó que la propuesta completa estaba en la gaceta parlamentaria.
“Si bien la iniciativa expone de manera clara la justificación bajo la cual se propone la modificación en estudio, esta Comisión de dictamen no comparte lo expresado por los iniciantes, en lo relativo a la necesidad de que sea la Legislatura un ente público que enfoque sus esfuerzos en fines distintos a la naturaleza del Poder Legislativo, sin que ello implique que el despliegue de apoyos sociales no sea responsabilidad de otro poder u órganos del Estado”, dijo Salas Dávila
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales precisó que desde de 2018, mediante una reforma, se buscó enmarcar la actuación de la Legislatura en las atribuciones que ordinariamente corresponden a un órgano Legislativo, así como el fortalecimiento de este Poder y su sometimiento a los principios de disciplina, honradez, honestidad, integridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.
“En ese tenor –continuó el priísta-, consideramos que la entrega de apoyos sociales no forma parte de las atribuciones que corresponden a un legislador, sino que esta actividad estatal se ejerce actualmente por el Poder Ejecutivo, así como por los ayuntamientos, a través de políticas públicas que se materializan en programas específicos, con reglas de operación, fines concretos, los cuales se deben realizar con apego a criterios de objetividad, imparcialidad, neutralidad, sin arbitrariedades, preferencias personales o injustificadas, como en el caso lo fueron los apoyos sociales otorgados por diputados y diputadas de Legislaturas anteriores, que no contaban con reglas claras de operación que permitiera que estos fueran recursos asignados conforme a los precitados principios”.
Por tal motivo, la comisión dictaminadora hizo propias las consideraciones referidas en las iniciativas y el dictamen que dieron vida a la prohibición en estudio, por lo que se desestima la propuesta contenida en la iniciativa, con el fin de respetar los principios que persiguió en la reforma del 7 de julio de 2018, en coincidencia plena con las consideraciones que motivaron la creación de dicha regla.
