■ Roberto Luévano y Carlos Peña incumplen compromiso de publicar declaración patrimonial
■ Edil de Guadalupe prometió que también funcionarios del municipio harían públicas sus propiedades
Hace más de un año que se puso en marcha la iniciativa Tres de Tres a nivel nacional, que ha buscado la transparencia de los servidores públicos de todo el país a través de la publicación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de interés. No obstante, a la fecha en Zacatecas ningún alcalde se ha unido a este mecanismo ciudadano de rendición de cuentas.
Destaca principalmente que no han publicado estos documentos el alcalde de Guadalupe Roberto Luévano Ruiz, ni quien ha sido por más de dos años el edil del ayuntamiento capitalino, Carlos Peña Badillo, y ahora es candidato a una diputación local; puesto que ambos se comprometieron a inicios del año pasado a hacerlo.
En el caso de Luévano Ruiz, en una entrevista publicada en La Jornada Zacatecas el 18 de enero de 2015 acerca de las expectativas para ese ejercicio, hizo referencia a este tema y no sólo por su parte, sino también de los demás funcionarios municipales.
Indicó que en ese momento se estaba “en la condición de poderlo hacer sin ningún problema, de poder exponer con claridad cómo están nuestros ingresos; que sea uno de los compromisos de este año poder hacer pública nuestra declaración patrimonial, siempre y cuando no pongamos en riesgo también a nuestros seres queridos”.
Peña Badillo, en una entrevista con la misma temática publicada en este medio el 19 de enero de 2015, expuso que como servidores públicos se rinden cuentas, presentando las declaraciones patrimoniales, ante las autoridades competentes.
Sin embargo, añadió que “esto no nos inhibe de que lo hagamos en lo público, de que la ciudadanía sepa cómo llegamos, qué tenemos, cómo salimos, porque finalmente es una oportunidad laboral la que se nos brinda y con ella tenemos que ganar la confianza de la ciudadanía. Éste es un tema de transparencia, de responsabilidad, de fiscalización que todos los servidores públicos estamos obligados a entregar”.
Es “muy positiva” la iniciativa de Ley
Tres de Tres: experto en fiscalización
Es “muy positiva” la iniciativa ciudadana para presentar la denominada Ley Tres de Tres que busque la publicación por parte de los servidores públicos de todo el país de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés, aseguró David Villanueva Lomelí, coordinador nacional de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental.
Antes de su participación en el Foro “Municipio Modelo: Fortalezas y desafíos”, el también auditor superior del estado de Puebla señaló que lo único que se está discutiendo a nivel nacional es si hacer públicos estos documentos o si sólo entregarlos a las instancias correspondientes.
Sostuvo, pues, que el debate está en “que el servidor público tenga la optativa de que sea pública o no; que se entreguen estas declaraciones a una institución pública que las reciban como la Función Pública o la instancia que corresponda, pero la decisión de que sea pública va a ser del propio sujeto obligado”.
Concluyó que ésa está siendo la “gran discusión”, aunque en su opinión advirtió que el hecho de que “mientras haya mayor publicidad de las cosas siempre es mejor”.
No obstante, reconoció que el debate de la publicación para que todos los ciudadanos tengan acceso a estos documentos se ha dado también en el plano jurídico, ya que ha habido servidores públicos que se ampararon bajo el argumento de que “vulnerarían sus garantías individuales, incluso en temas de seguridad”.
Villanueva Lomelí expuso que, aparte de esta iniciativa que ya está caminando impulsada por varias organizaciones, lo que también es urgente por ser un “reclamo ciudadano” es la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción con el que se buscará la articulación de todas las instancias relacionadas con la rendición de cuentas.
Ahora, explicó, “lo que existe en nuestro país es una fragmentación de instituciones y órdenes de gobierno” enfocadas a estas tareas.
Asimismo, el auditor superior de Puebla indicó que también se está a la espera de que se dictamine y apruebe la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que la diferencia que tiene con una norma federal es que en su momento regirá a los tres órdenes de gobierno y a todas las instituciones.
Precisó que entre los aspectos que se modificarán en esta legislación está el de los años que deben pasar para que prescriba un delito cometido por funcionarios. Dijo que ahora son entre tres y cinco, pero se busca que sean siete para que “se extienda más allá de un sexenio”.
