La Reforma Eléctrica que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso tiene como propósito establecer a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado. Significa poner orden, arribar a un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para impedir que la generación y el mercado de la energía eléctrica caiga en manos de empresas privadas nacionales y extranjeras como sucedió en España porque se incrementarían exponencialmente las tarifas de la energía eléctrica en contra de los usuarios porque estas empresas tienen como objetivo maximizar sus ganancias y no el bienestar social.
Por ello, en la reforma del Presidente la CFE se convierte en un organismo de Estado, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantice la soberanía y seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional; restableciendo un sistema eléctrico comprometido con el pueblo de México que asegure el abastecimiento de energía eléctrica a toda la población y para las diversas actividades económicas a precios más bajos, que proteja la economía de las familias y garantice el derecho humano a la vida digna.
La iniciativa de reforma eléctrica del Presidente es una contrarreforma a la Reforma Eléctrica de Peña Nieto aprobada en 2013, pero ¿Cuáles fueron esos cambios que abrieron las puertas y favorecieron a los privados que permitió el acaparamiento en la generación de la energía eléctrica? Si bien es cierto, se mantuvo la disposición constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y que en estas actividades no se otorgarán concesiones” -hasta allí todo bien-; sin embargo, la adición al artículo 27 constitucional en la reforma de 2013 abrió las puertas a los privados al disponer: “sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica” (adición al artículo 27 D.O.F. 20 de Dic 2013).
Asimismo, los cambios a los artículos 25 y 28 constitucionales disponen: “Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica… la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado”.
Como vemos, la Reforma Eléctrica de 2013 de Peña Nieto favoreció de manera deliberada a las empresas privadas nacionales y extranjeras a través de contratos leoninos y abusivos en la generación de energía eléctrica en sus cuatro modalidades: 1) Productores Independientes que concentran el 31% de la energía generada, a los cuales se obliga a la CFE a comprar a precios elevados su energía y garantizar el pago de toda su capacidad mediante contratos a largo plazo por 25 años, asegurándoles con ello la recuperación de su inversión; 2) Sociedades de Autoabastecimiento que concentran el 12% de la energía generada en manos de monopolios privados, con despacho prioritario y subsidio en el transporte de energía; 3) Centrales Eléctricas construidas después de la Reforma Eléctrica de 2013 que concentran el 15% de la generación de electricidad, con despacho prioritario y subsidios mediante certificados de energía limpia por ser renovables; 4) Subastas a Largo Plazo con generación del 4%, subsidiadas a 20 años y despacho asegurado al 100%.
Lo anterior condujo a que en la actualidad los monopolios privados y las prácticas monopólicas “prohibidas en la Constitución” se apoderaran del 62% de la generación de la energía eléctrica, mientras la CFE participa solo con un 38%. Antes de la reforma de Peña Nieto, la CFE producía el 64% de la energía y el 36% restante lo hacían los privados.
El crecimiento exponencial de los privados a nueve años de aprobada la reforma de 2013 se debió en gran medida a la prioridad en el despacho, a los subsidios pagados por la CFE por el orden de los 223 mil millones de pesos, al financiamiento a tasas preferenciales por la Banca de Desarrollo de México, al pago simbólico del transporte de su energía generada al utilizar las redes de distribución de la CFE (porteo) y al comercio paralelo e ilegal de la electricidad con socios simulados de otras empresas. Todo ello en demérito de la CFE, ya que ésta no tiene despacho prioritario ni recibe subsidios, no obstante que produce el 60% de las energías limpias a través de sus hidroeléctricas y tiene capacidad para generar el 54% de la electricidad demandada en el país.
Para revertir los efectos negativos de la Reforma Eléctrica de Peña Nieto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para rescatar y fortalecer a la CFE como un organismo de Estado, para que ésta produzca y tenga un despacho prioritario de su energía para la comercialización de al menos el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hagan hasta en un 46%.
En esta reforma se propone la cancelación de las sociedades de autoabastecimiento, los contratos legados, los certificados de energía limpia y las subastas a largo plazo; eliminar la compra forzada de la energía generada por los privados, los subsidios, el financiamiento y el despacho prioritario de los privados. Ahora la CFE tendrá despacho prioritario y producirá el 54% de la energía eléctrica consumida en el país, mientras los privados podrán participar con hasta el 46% restante, la cual venderán a la CFE mediante un mecanismo de adquisición, donde se despachará en orden de mérito de costos de producción que les signifiquen ganancias razonables, pero sin que la población pague tarifas caras con aumentos por debajo de la inflación. La reforma no significa expropiar ninguna empresa, ni estatizar la energía eléctrica, ni limitar la inversión privada, los privados podrán seguir haciendo negocios sin caer en abusos que afecten la economía de 46.2 millones de usuarios domésticos y de las diferentes actividades económicas del país.
La transición energética es un objetivo primordial de la reforma energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de 10 centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud, como el de Puerto Peñasco, Sonora que será el más grande de Latinoamérica. El Estado establecerá la transición energética utilizando todas las fuentes de energía, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases con efecto invernadero y contará con políticas científicas, tecnológicas e industriales para impulsar la transición con financiamiento y demanda nacional como palanca de desarrollo.
Se propone que el Estado tome la rectoría y el control en la planificación de la transición energética, en aras de la seguridad energética para no caer en una crisis energética como sucede en la Unión Europea por la desmedida sustitución de energías estables por energías intermitentes derivadas de las energías eólica y solar, las cuales son endebles a variaciones climáticas por falta de viento o de sol. Es por ello que la reforma mantiene al litio y demás minerales estratégicos para la transición energética como propiedad exclusiva del Estado, sin otorgar concesiones.
