■ En 2020, en Zacatecas la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia atendió 520 denuncias por diversos tipos de violencia contra menores de edad
■ Los casos, por violencia intrafamiliar en modalidad de maltrato psicológico y emocional, así como por abuso sexual
La diputada local, Georgia Fernanda Miranda Herrera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la 64 Legislatura, sometió a la consideración del pleno un punto de Acuerdo para que todas las autoridades competentes instalen una mesa de trabajo y talleres de prevención de violencia y abuso sexual contra niños y niñas y se revise el marco jurídico vigente y se elaboren iniciativas de ley y de decreto pertinentes para buscar soluciones reales a este problema.
Desde la tribuna de la legislatura estatal, Miranda Herrera, recordó que el 19 de septiembre del año en curso, ingresó al área de pediatría del Hospital General de Zacatecas un menor de 2 años con traumatismo craneoencefálico, señas de maltrato y abuso sexual. El menor, precisó la legisladora, fue trasladado de urgencia desde el municipio de Tlaltenango, pero falleció en la capital de Zacatecas.
En la mayoría de las carpetas de investigación, expuso, sobre todo cuando son niñas y niños, se estima que en un 95 por ciento se persiguen en contra de personas conocidas: los principales agresores de niñas y niños son personas que están dentro del contexto familiar o del entorno de convivencia muy cercana a él o ella.
En el 2020, continuó, en Zacatecas la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia atendió 520 denuncias por diversos tipos de violencia contra menores de edad, las causantes de las denuncias son violencia intrafamiliar en modalidad de maltrato psicológico y emocional, así como por abuso sexual.
Otro foco alarmante, añadió, es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en 2020 se registró una cifra récord de suicidios en niñas, niños y adolescentes, con mil 150 casos. La tasa aumentó 12 por cieto entre el 2019 y el 2020, al pasar de 4.63 a 5.18 por ciento. Esta cifra, aseveró la legisladora, representa además un máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños de entre 10 y 14 años aumentaron 37 por ciento y 12 por ciento en adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años.
“El aumento de registros de llamadas de emergencia por incidentes relacionados con los abusos señalados en el párrafo anterior, nos muestran un rostro oculto y una cruel realidad que vive una gran parte de familias mexicanas y zacatecanas, situación que es inaceptable y se debe corregir. El hecho de que México ocupe el primer lugar en abuso sexual en el mundo, con un promedio de 4.5 millones de casos por año según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un asunto que debe llamar a la reflexión”, puntualizó Miranda Herrera.
En este sentido y siendo un asunto complejo y multifactorial, la legisladora del partido verde consideró que debe abordarse desde diferentes aristas, ya que requiere de la acción conjunta de todos los poderes, órganos gubernamentales.
Por tal motivo, llamó a que la 64 Legislatura del estado de Zacatecas, exhorte a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Legislatura, al titular del Poder Ejecutivo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al fiscal general de Justicia, al procurador de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, a la presidenta de los Derechos Humanos del Estado, al Sistema Integral de Desarrollo de la Familia, a la Secretaría de Educación y secretario de Salud, para que a la brevedad instalen una mesa de trabajo de carácter técnico especializado conformada por servidores públicos y expertos designados por cada uno de los poderes, así como se realicen talleres de prevención de violencia y abuso sexual, para identificar si niñas y niños lo están viviendo o lo vivieron en algún momento.
Esto, concluyó, con el objeto de que se lleve un estudio del marco jurídico vigente y se elaboren las iniciativas de ley y de decreto pertinentes; que se analicen con toda objetividad las estructuras administrativas y se revisen los presupuestos asignados a las dependencias y órganos relacionados con el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas para la protección de niñas, niños, adolescentes y familia, con el objeto de buscar soluciones reales.
