La iniciativa de ley de rentas justas requiere definir las responsabilidades de las instituciones que participarán en su aplicación y los mecanismos para garantizar su cumplimiento, sostuvo Rosalba González Loyde, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitan (UAM) Azcapotzalco.
La especialista señaló que además de establecer cómo se aplicará la ley, es necesario determinar qué sucederá si propietarios o inquilinos incumplen sus disposiciones, a fin de dar seguimiento a su aplicación.
Consideró necesario contar con información precisa sobre la población que alquila vivienda, ya que se enfrenta la falta de información sobre cuántas personas habitan en viviendas rentadas, así como de quiénes ofrecen esos inmuebles, debido a que los datos disponibles provienen de los muestreos resultado del cuestionario ampliado del Censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y son proyecciones.
Explicó que las leyes no son un instrumento ejecutor, sino un marco de referencia que establece los principios bajo los cuales deben operar los organismos y las instituciones. “Entonces, la parte importante es identificar quiénes van a tener las facultades para hacer valer la ley, así como darle seguimiento y hacer la evaluación”.
Derecho contra principio
Señaló que los propietarios podrían promover amparos al considerar que la medida es inconstitucional y “va en contra del derecho y del ejercicio de la propiedad privada”. Sin embargo, existe el principio de la función social de la propiedad, en la cual los derechos de los propietarios no pueden estar por encima de los derechos sociales.
Alberto Pérez Naranjo, abogado civil y mercantilista, consideró que la medida limita la libertad de los arrendadores y podría propiciar la informalidad en el mercado y la forma de disfrazar contratos.
Añadió que la creación de la defensoría de las relaciones inquilinarias, al igual que la Procuraduría Social, “se ha visto que no funcionan en la aplicación”.
En contraste, en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, dos alcaldías donde el costo de renta ha aumentado por encima de la inflación, vecinos destacaron la creación de la defensoría como uno de los principales avances ante la falta de una instancia que medie ante los abusos de propietarios.
Preocupa incumplimiento
En tanto, Sergio González, integrante de la plataforma vecinal 06600, de la colonia Juárez, consideró que “la ley hubiera sido muy virtuosa si la hubiéramos construido de manera colectiva”. Entre sus preocupaciones destacó que el registro de contratos para vigilar que no incrementen las rentas no se cumpla, como ha ocurrido con el de anfitriones de Airbnb, aseguró.
También advirtió que las multas podrían resultar insuficientes para obligar a los propietarios a respetar los límites de alquiler, una restricción que ya estaba considerada en el Código Civil, y pese a ello, persisten los incumplimientos.
