■ Señalan irregularidades en convocatoria de las que pueden ampararse para cancelar el proceso
Debido a diversas irregularidades en la notificación que recibieron docentes zacatecanos, mediante la cual se les convoca a participar en la evaluación de permanencia, este jueves decenas de ellos se reunieron con un abogado para iniciar un procedimiento legal, a fin de suspender o cancelar ese proceso que consideran punitivo.
El abogado Oswaldo Beltrán Saucedo expuso que los maestros pueden ampararse y en el momento inicial podría suspenderse la evaluación en su primera etapa, para lo cual se argumentaría que la forma en que se hizo la notificación “es irregular e ilegal”, sin sujetarse a los propios lineamientos que establece la ley.
Informó que la notificación llegó a los profesores por correo, por teléfono o por indicación de su director o supervisor, a nombre de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y su titular Marco Vinicio Flores Chávez, pero de acuerdo con la ley, debió ser entregada en persona y a nombre del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
En ese sentido, dijo que la entrega de la notificación debe realizarse conforme lo establece la ley, es decir, personal, ya que la única forma permitida para que sea por correo electrónico, correo certificado, fax o teléfono, es en los casos en que las personas radiquen fuera del país, según el artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles.
Indicó entonces que los amparos pueden ayudar a suspender la aplicación de la evaluación y posteriormente se pugnaría por derogar la nueva Ley General de Educación, y aunque no podría lograrse al 100 por ciento, “cuando menos se podría echar abajo el Artículo Octavo Transitorio, que es el artículo en el que los meten para que sean sujetos a incorporarse a ese nuevo sistema”.
Beltrán Saucedo explicó entonces que “en esencia sí se puede echar abajo, pero se requiere de la unidad, en la vía jurídica también se requiere de unidad, y a la par de eso, también se requiere de una movilización política que implique un problema para el gobierno”.
En el caso extremo que un docente no apruebe las evaluaciones y sea reubicado en otras funciones, aseguró que ésa es una medida inconstitucional, pero la idea no es esperar a llegar a ese escenario, sino “antes de que inicien el ataque”.
Propuso entonces dos amparos, uno para evitar que se aplique la evaluación, con base en las irregularidades en las notificaciones, y otro para atacar la Reforma Educativa, inconstitucional de acuerdo a los preceptos del Artículo Primero, Segundo, Quinto y Catorce que señala que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Por su parte, el maestro de primaria Carlos Frías, asistente a la reunión, informó que la idea de la reunión con el abogado es construir una posible vía legal para que aquellos notificados a ser evaluados, puedan defenderse de ello.
También expuso que la notificación debió realizarse por parte del INEE, pero ello no ocurrió con ningún docente zacatecano, sino de parte de la Seduzac, de manera que un procedimiento legal es viable.
“A partir de esas irregularidades podríamos construir un amparo para intentar frenar este proceso de evaluación, por lo que la reunión de hoy es para discutir qué podemos hacer”, dijo.
Asimismo, expuso que la intención es que cada región escolar designe a un abogado a fin de conformar un colectivo que coordine las acciones jurídicas en contra de la evaluación de permanencia cuya aplicación está programada a partir de septiembre próximo.
