■ Mal uso del padrón, alterar votaciones, robar las urnas, ejemplo de transgresiones, explican
■ Los medios incurrirían en anomalías si publican encuestas de opinión 3 días antes de los comicios
Con las campañas en marcha, rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio, llega el riesgo de los delitos electorales; “como en todo proceso” de estas características, se hace patente la posibilidad de que haya actos fuera de la ley por parte de cualquier actor, tanto político como social.
“Está en juego el poder político, hay un sinfín de actores políticos en movimiento y en eso existe siempre la tentación y a veces incluso hasta el desconocimiento de la ley, lo cual no les exime de su cumplimiento”, aseguró Juan Carlos Merlín Muñoz, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Zacatecas.
Explicó que actualmente existe ya una Ley General de Delitos Electorales, en la que las conductas que pudieran desviarse de las normas se basan en tratar de influir en la equidad de la contienda y en el ánimo de los electorales y, por otro lado, buscar coaccionar el sentido de la votación de los ciudadanos a través de una amplia variedad de mecanismos.
Merlín Muñoz aseveró que en la Ley General de Delitos Electorales hay 57 conductas que pueden ser constitutivas de una acción ilegal y expuso que estas pueden ser llevadas a cabo, tanto por ciudadanos comunes como candidatos, servidores públicos y líderes religiosos, entre otras figuras.
Enumeró algunos de los delitos como el de retener la credencial de elector de una persona sin causa justificada, ofrecer dádivas a cambio de votar en un sentido preciso o, inclusive, restringir la entrega de algún apoyo que forme parte de los programas sociales gubernamentales para así condicionar la orientación del voto, así como utilizar recursos públicos para apoyar o ir en contra de un partido político o de un candidato.
De igual forma, mencionó algunos de los que se pueden llegar a cometer en la misma jornada electoral del próximo mes de junio y que son el mal uso del padrón electoral, interrumpir o alterar las votaciones, robar las urnas y sufragar en más de una ocasión en la misma elección.
Los medios de comunicación por ejemplo, agregó, también pueden incurrir en irregularidades si publican encuestas de opinión tres días antes de la jornada de votaciones o el día del sufragio antes de las 18 horas (6 de la tarde) que cierren las urnas.
Respecto a los límites de participación que tienen los servidores públicos, Merlín Muñoz comentó que estos se rigen principalmente por las “reglas de imparcialidad” que el INE aprobó en su acuerdo número 66.
En ese tenor, puntualizó que estos actores políticos “tienen el derecho de asociación como cualquier ciudadano; sin embargo, al ser funcionarios o servidores públicos están investidos de una cualidad diferente”; por tanto, su participación “no está limitada” en aquellos días u horarios inhábiles, pues de lo contrario supondría la “distracción de los recursos (públicos), en este caso humanos, asignados a esa dependencia”.
Concluyó que cualquier ciudadano que tenga pruebas para denunciar un delito electoral puede reportar este hecho ante la autoridad competente, que es la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), personalmente, por Internet o vía telefónica, o también puede acudir a las oficinas del INE.
