El gobierno mexicano ganó el arbitraje internacional interpuesto por dos fondos de inversión estadunidenses que buscaban responsabilizarlo del impago de Tv Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó la Secretaría de Economía (SE).
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial, desestimó en su totalidad la demanda de Cyrus Capital Partners LP y Contrarian Capital Management LLC, que en 2023 reclamaron una indemnización superior a 219 millones de dólares bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por presuntas afectaciones derivadas de una resolución judicial emitida en la Ciudad de México a favor de la televisora.
Cyrus y Contrarian sostuvieron ser inversionistas que, mediante filiales constituidas en las Islas Caimán, habían adquirido bonos de deuda emitidos por la televisora. De esa manera, argumentaron que la resolución judicial que protegió a la empresa de comunicaciones del pago vulneró sus inversiones, por lo que acudieron al centro para exigir al Estado una compensación por una deuda que corresponde a la empresa.
Desde que empezó el litigio el gobierno mexicano sostuvo que la vía de arbitraje de inversión no era la adecuada para resolver una controversia entre privados, y que el Estado no tiene injerencia en la disputa entre los fondos y Tv Azteca por el pago de los bonos. La defensa mexicana se enfocó en exhibir deficiencias en la reclamación que impedían al tribunal asumir competencia.
La SE informó que el 30 de julio el tribunal resolvió el caso de forma unánime. Ni Cyrus ni Contrarian cumplían con los requisitos para ser considerados inversionistas conforme al Tratado de Libre Comercio, por lo que careció de jurisdicción para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó a los dos fondos pagar a México los gastos y costos derivados del proceso arbitral, aunque la dependencia no detalló el monto.
La defensa del Estado mexicano estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el respaldo de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman. El laudo se encuentra en revisión para identificar información confidencial antes de su publicación en el sitio del Ciadi.
En 2022, un juzgado civil de la Ciudad de México otorgó a la empresa una prórroga para no cumplir sus obligaciones al considerar que la pandemia constituía un caso de fuerza mayor, medida que se ha mantenido vigente. Previo al fallo, los fondos habían insistido en abrir un canal de comunicación con el gobierno para explorar una solución a la disputa.
