Almoloya de Juárez, Méx. Un magistrado de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México ordenó la tarde de ayer, la liberación inmediata de los otros tres indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco que se encuentran encarcelados desde hace 16 años, acusados de un homicidio que no cometieron.
Tras la liberación de sus compañeros el pasado 17 de febrero, luego de que el ministerio público retirara los cargos al no haber ninguna imputación directa en el expediente, y de que la defensa de los indígenas promovió un recurso de revisión de sentencia, para que les fuera anulada la condena de 50 años que les dictaron en 2006, finalmente este viernes, el Poder Judicial ha decretado la libertad de Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias.
Esta historia inició a principios de la década pasada, cuando la comunidad de San Pedro Tlanixco y los floricultores de Villa Guerrero, se conflictuaron por el aprovechamiento de las aguas del Río Texcaltengo.
Durante décadas, Tlanixco aprovechó las aguas del río que pasa por su comunidad, pero en el 2000, los floricultores de Villa Guerrero obtuvieron una concesión de la Comisión Nacional del Agua para ser los únicos en poder aprovechar las aguas del río.
El 11 de abril de 2003, Alejandro Isaak Basso, un empresario de origen español y quien formaba parte de un consejo de floricultores de Villa Guerrero se dirigió junto con 10 personas más a Tlanixco para reclamar el por qué el agua del río llegaba con jabón.
En el camino observó a mujeres indígenas que lavaban en el río y prosiguió hasta llegar a Tlanixco. Ahí encaró a los pobladores, quienes los superaban en número. Un grupo de 50 habitantes de Tlanixco separó a Isaak Basso y lo llevaron a la montaña y horas después el empresario apareció sin vida en una barranca.
El crimen fue imputado a los miembros del comité del agua del Tlanixco, que no habían participado en los hechos.
Tres meses después del crimen se detuvo a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Sánchez, a quienes se les sentenció en 2006 a 50 años de prisión. En el expediente no había ninguna imputación o señalamiento directo en su contra, ni mucho menos pruebas de que hayan participado en el crimen, pero aun así se les condenó con la pena máxima.
En 2006 también se encarceló a Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez también pobladores de Tlanixco, quienes en 11 años después recibieron sentencia de 50 años de prisión, también sin que existieran elementos de su participación en el crimen, ya que el expediente está repleto de acusaciones genéricas.
Ellos impugnaron la condena y lograron que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU revisara su caso y ahí se comprobaron una serie de violaciones al debido proceso, como el hecho de que los indígenas nunca fueron asistidos por un intérprete como lo señala la ley.
La oficina del alto comisionado pidió en octubre pasado la liberación de los seis indígenas presos junto con una docena de organizaciones sociales. Ese mismo mes, un magistrado de segunda instancia del Poder Judicial ordenó reponer el proceso desde un inicio, y con base en ello, en diciembre, el Congreso del Estado de México pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a desistirse de la acusación para que los indígenas pudieran salir en libertad.
El 16 de febrero, el ministerio público adscrito al juzgado primero penal de Toluca presentó el desistimiento de la acción penal y un día después Dominga, Lorenzo y Marzo Antonio salieron en libertad tras 13 años de estar encarcelados injustamente.
Los abogados promovieron el recurso de revisión de sentencia para liberar a los otros tres indígenas, Pedro, Rómulo y Teófilo este viernes, un magistrado ordenó dejar sin efecto la sentencia y decretó su libertad.
