■ Les fueron suspendidos los derechos a otros 16 empleados por disidir de Rodríguez Espino
■ La medida es ilegal y contraviene la Ley Federal del Trabajo, señala Lorenzo Miranda
En las últimas dos administraciones de Rafael Rodríguez Espino como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Stuaz) ha expulsado del gremio a 9 afiliados y suspendido derechos sindicales de 16 más, todos por motivos políticos.
Sin embargo, la mayoría de ellos alcanzaron acuerdos con el secretario general para ser reincorporados al sindicato y para restituirles sus derechos. Lorenzo Miranda, Juan Vega y Alfredo Rodríguez son quienes se mantienen expulsados.
Lorenzo Miranda aseguró que la expulsión y sanción de todos esos trabajadores ha sido por motivos políticos, pues en algún momento realizaron alguna acción disidente a la administración de Rodríguez Espino.
Por ejemplo, mencionó que en 2010 fueron expulsados Rubén Trejo, Rubí Ruelas, Margarita Huerta, Joel Ramos, Antonio Guerrero, Yolanda Ortiz y Blanca López, quienes integraron el Comité Ejecutivo del sindicato entre 2007 y 2010, según muestra un documento entregado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en octubre de ese mismo año.
En ese momento, recordó que el ex secretario general, Rubén Trejo, y demás funcionarios sindicales, promovió un juicio contra la candidatura de Rodríguez Espino pues éste se jubiló en 2007 y por lo tanto no podía ocupar la secretaría general, pero al no prosperar, derivó en su expulsión como represalia.
También se refirió al caso de Alfredo Rodríguez, bibliotecario en la Unidad Académica de Derecho, quien fue expulsado en noviembre de 2014 sólo por entregar volantes mediante los cuales manifestaba su inconformidad sobre la conducción del Stuaz.
En ese caso, Rodríguez solicitaba un informe sobre la administración del patrimonio sindical y de los recursos públicos del gremio, además que denunciaba las violaciones a los estatutos en materia de rendición de cuentas de parte de Rodríguez Espino.
En ese sentido, el trabajador ha declarado que el Comité de Vigilancia debió dar seguimiento a sus denuncias, pero por ser incondicional a la administración del gremio, los desatendió con el argumento que estaba en proceso de expulsión.
Luego de su expulsión, el afectado promovió un juicio en la JLCA para que se le reintegre en el sindicato y con ello tener acceso a todas las prestaciones, pero ese organismo nunca recibió la notificación formal de su expulsión como sí ocurrió con el resto de los trabajadores expulsados.
Sobre la suspensión de derechos sindicales por uno o más años a varios trabajadores, Miranda afirmó que esa medida es ilegal, pues no existe en los estatutos y contraviene la Ley Federal del Trabajo.
