El más reciente llamado del presidente Enrique Peña Nieto respecto a “superar esta etapa” y “dar un paso adelante” nos hace reflexionar en torno a cómo hacerlo y qué papel debe jugar la población mexicana al respecto. Pues resulta evidente que el gobierno mexicano no presenta intención alguna de superar esta etapa, y no sólo nos referimos a los problemas de carácter social que se hicieron más latentes desde lo acontecido en Ayotzinapa, sino también a los problemas económicos que colocan al país en una situación de alta vulnerabilidad. ¿En qué consiste ese paso adelante del que nos habla el presidente?
En el decálogo de acciones que Peña Nieto ofreció la semana pasada para nada se plantean propuestas de cambio, es más, ni siquiera se hacen propuestas novedosas. Para sustentar esta afirmación tenemos: 1) La propuesta de intervenir en el orden municipal, se presentó y fue desechada desde los primeros años del gobierno de Felipe Calderón. Se retomó y volvió a presentar el 22 de octubre de 2013 por Peña Nieto ante el Congreso, e incluso, después de amplias discusiones (en donde participaron comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos) fue dictaminada. La mayor controversia que se generó fue con respecto a la modificación del artículo 29 constitucional, relativo a la suspensión y restricción de las garantías. 2) El tema de la policía municipal se abordó en el “Pacto por México”, en el compromiso número 75 que plantea una transformación en las funciones policiales, para que las policías municipales asumieran un papel exclusivo de proximidad de barrio, al mismo tiempo que integraría un sistema de policías estatales coordinadas. 3) Otra propuesta retomada del gobierno de Calderón es la cédula de identidad, cuya única variante es la utilización de las bases de datos ya existentes, como las credenciales de elector y los registros del IMSS. 4) El conjunto de acciones para proteger los derechos humanos es una promesa de campaña no cumplida por parte de Peña Nieto. El mismo José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW declaró que “es difícil tomar con seriedad y otorgarle credibilidad a los anuncios de Peña en materia de derechos humanos debido a que buena parte de ellos trata sobre compromisos y planes que supuestamente ya estaban en curso” (Revista Proceso No. 1987). 5) La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, también es una promesa de campaña no cumplida, y retomada en el segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto, donde se informa sobre dicha iniciativa, a pesar de ni siquiera haber sido puesta a debate. 6) La promoción del desarrollo económico en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, anunciada por Peña Nieto es muy distinta al compromiso número 74 del “Pacto por México”. En conclusión, lo más novedoso del anuncio del 27 de noviembre de Peña Nieto tiene que ver con la creación de una línea de emergencia nacional 911, propuesta por demás, insuficiente para los problemas que hoy en día se viven en el país.
Si a esto agregamos la falta de dirección efectiva en materia de política económica, ante el pronóstico latente de la agudización de la crisis económica en el país, con las caídas en el precio de petróleo, la salida de capitales del país que se ha registrado en los últimos días, la devaluación del peso mexicano y la expectativa (a la baja) del crecimiento económico, que de acuerdo con el Banco de México se espera que sea de 2 a 2.5 por ciento; tenemos una situación de emergencia nacional. Hasta el punto en el que la misma opinión internacional, que hace no más de unos meses se mostraba muy optimista por el retorno del PRI neoliberal, hoy se manifiesta preocupada por el desempeño del gobierno mexicano. Ejemplo de esto es que Peña Nieto ha dejado de ser el “salvador de México”, como fue nombrado por la revista Time el 24 de febrero de 2014 y los diarios más leídos a nivel internacional cuestionan el simulacro de solución del gobierno mexicano ante la crisis social que se le presenta. ■
