Ciudad de México. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez condenó el asesinato de militares en Sinaloa, ocurrido el pasado viernes y consideró que la persecución contra el crimen organizado tiene que darse con todo el rigor que la ley permite.
Esta vez, abundó en entrevista al término de una reunión en el Senado con las comisiones de Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia, y la de Estudios Legislativos, que las autoridades federales, y en este caso, las fuerzas armadas o cualquier otra autoridad policial tiene que actuar en el marco de la ley y cumpliendo los parámetros y estándares de objetividad, proporcionalidad y racionalidad.
En su actuación, las fuerzas armadas tienen que cumplir los parámetros y estándares de respeto a los derechos humanos. González Pérez refirió que dirigió una misiva al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en la que le manifestó el pésame por los soldados asesinados y le pidió externar su solidaridad a los familiares de las personas fallecidas así como el apoyo a los que resultaron heridos en este lamentable hecho que debe de ser esclarecido, perseguido y sancionado a los responsables.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resaltó que quien debe dar seguridad a la población y perseguir a los delincuentes son las autoridades civiles que tienen a su cargo esa función, pero lamentablemente las policías de diferentes regiones del país y de diversos estados “fueron rebasadas en la capacidad de respuesta, por ello, los militares y la marina realizan esa tarea”.
Abundó que se debe trazar un plan para que haya policías preparados, capacitados y profesionalizados que puedan dar tranquilidad y paz a la población, pero en tanto eso sucede, subrayó, las fuerzas armadas deben actuar en el marco del derecho, pero también deben tener certeza jurídica en su actuación.
Previo a ello, el titular de la CNDH se reunió con los senadores de las comisiones que dictaminan la ley de trata de personas, les presentó la campaña que emprendió la CNDH “libertad sin engaños ni promesas falsas”, con la que pretende prevenir que los niños y jóvenes sean engañados por el crimen organizado para explotarlos laboral y sexualmente.
González Pérez pidió el apoyo de los senadores a la campaña y dijo que deben llevarlas a sus estados y se quejó de que en algunos planteles educativos de la Secretaría de Educación Pública no se ha permitido la entrada a la CNDH para difundir la campaña entre los estudiantes.
