■ Transportistas aceptaron retirarse; fue invitado personal de la CDHEZ, afirma gobernador
■ “Esa será la tesitura del gobierno, que se respete la ley”; líderes buscan aprovechar la situación
El gobernador Alejandro Tello Cristerna dijo que ayer por la mañana que se retiró a los manifestantes que tenían bloqueada la minera Peñasquito Goldcorp. Señaló que fue un desalojo convenido donde los transportistas aceptaron retirarse. Incluso, se invitó al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) para que se llevará a cabo el desalojo conforme a la ley.
“Llegamos, dialogamos, y les puedo decir que fue un desalojo prácticamente convenido, donde los transportistas, al final de cuentas, aceptaron retirarse. Esa va a ser la tesitura del gobierno, que se respete la ley”, dijo el mandatario.
Añadió que no se lastimó ni perjudico a nadie, y se pusieron a salvo los intereses de la empresa minera y los intereses de miles de trabajadores y familias que dependen de Peñasquito. Expuso que hubo liderazgos que se quisieron aprovechar de la situación.
Respecto a si los líderes de la manifestación cobran una cuota por este tipo de movimientos, el mandatario invitó a los reporteros a entrevistar a los ejidatarios, a quienes dichos líderes les piden dinero.
“Para mí eso es una extorsión; a ellos se les debe pagar porque son propietarios, pero no veo que sea sensato que haya liderazgos que vayan y les pidan dinero por el puro hecho de encabezarlos”, apuntó el gobernador.
Tello Cristerna comentó que hay puntos que no ha cumplido la empresa, como es la construcción de una unidad médica, por lo que la administración estatal trabajará para que se cumpla este compromiso y los que todavía no se cumplen a ejidatarios.
Dijo que el tema es meramente mercantil y sólo se trata de qué grupo dará el servicio a la empresa, aunque ambos son antagónicos, y el conflicto se originó porque la empresa dio trabajo a otra diferente.
Aclaró que el problema se debió a que se tomaron las vías de comunicación, y aunque se tuvo tolerancia y se interpusieron las demandas correspondientes por parte de la minera, lamentó que el lunes no se permitió entregar víveres a los más de mil trabajadores que se encontraban aún en la mina.
Enfatizó que esos apoyos no los enviaba el gobierno, sino la Cruz Roja, con apoyo de Protección Civil del Estado, y al prohibirles el ingreso para dejar insumos pusieron en riesgo la integridad y salud de quienes ahí se encontraban.
Sobre la situación de los habitantes de Mazapil y la distribución de la riqueza en aquella región, comentó que el gobierno debe ser parte de la solución en caso de que la empresa no cumpla con lo establecido.
Puso como ejemplo que representantes de Minera México han buscado contacto con el gobierno para solucionar el tema de la Mina San Martín, en Sombrerete, que lleva cerca de 9 años cerrada, con la consecuente afectación a la economía de la región.
Para resolver de una vez por todas problema en
Salaverna podría usarse la fuerza pública: Garza
Rolando Omar Garza Martínez, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Zacatecas dijo que luego de haberse impedido el pasado jueves la medición y deslinde de una zona reclamada por habitantes de la comunidad de Salaverna como terreno nacional, aseveró, “por gente con machetes” que se integran al Ejido Mazapil, pero también personal de la Mina Frisco-Tayahua, se buscará concretarla aproximadamente en un mes con apoyo de las policías municipal y estatal y aun del Ejército, “para que pueda resolverse de una vez por todas esa problemática de Salaverna”.
Los inconformes con la disposición legal ya publicada en el DOF, obstruyeron el paso a los funcionarios de esta dependencia federal procedentes de la ciudad de México que acudieron para cumplimentar la solicitud de los habitantes de Salaverna.
Agregó que luego de la publicación de esta disposición en el DOF, objetaron la acción tanto el citado Ejido Mazapil como la Minera Tayahua SA de CV –propiedad de Carlos Slim-, como segundo y tercero en discordia, el último, exhibiendo una escritura pública “que está aparentemente debidamente registrada en el Registro Público” del municipio zacatecano de Concepción del Oro.
Aseveró que tanto la empresa minera como el Ejido Mazapil se negaron a recibir las notificaciones judiciales, y detalló que la primera considera que el permitirla medición del terreno “en automático le sujeta a una posible declaración de una expropiación” del predio, que precisó refiere alrededor de 3 mil 500 hectáreas, según ostenta el presunto título de propiedad de la empresa, mientras que los ejidatarios argumentan que su predio corresponde a 4 mil 500.
Esta situación de conflicto dijo, impide la intervención de la Sedatu para efecto de declarar la zona territorio nacional como demandan los habitantes de Salaverna, “derivado de que ya es un asunto entre particulares”, por ello lo único que le resta a la dependencia es “ir a medir y pasar a la siguiente instancia (…) nosotros entramos como territorio nacional cuando no hay un propietario de un predio, -aquí- hay tres partes que se autodenominan como dueños”.
Garza Martínez destacó que tiene cinco meses apenas en Zacatecas, los cuales le han permitido saber que esta no es la primera vez que se intenta hacer la medición en Salaverna sin éxito, por lo que habría advertido al personal procedente de la Ciudad de México de una probable obstrucción de sus trabajos, pero no entender porque sus habitantes no se mudan al Nuevo Salaverna.
Esta última observación la hizo en alusión al controversial estudio geológico en que ha pretendido sustentarse el desalojo de las 15 familias, que por el movimiento de la tierra del que no precisó el origen, dijo, “están poniendo en peligro sus vidas”.
Agregó que en la próxima ocasión que se intente la medición referida, intentará asimismo que la prensa pueda atestiguar los hechos.
Queda abierta mesa de negociaciones en conflicto con minera
Ayer, luego de que elementos policiacos acudieran para desalojar a ejidatarios, y ejidatarios-transportistas, organizados desde el pasado sábado como Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, de Mazapil, mismos que mantenían un cerco a la minera Peñasquito-Goldcorp desde la semana pasada, se abrió una mesa de negociación a partir de las 19 horas a la que se esperaban asistiera la Secretaria de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, un representante de la empresa extractiva, y además de los involucrados directamente, el dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Felipe Pinedo, quien acudió como su asesor, informó Lauro Herrera Méndez.
“Todo mundo debe entender que nosotros estamos muy perjudicados en nuestras tierras, que ya no tenemos agua en aquel manantial que nos surtía, el medioambiente está súper destrozado y la presa de jales está a punto de tronar”, pues dijo, tiene más de 80 metros de profundidad por otros 80 de altura que implican miles de toneladas de cianuro.
Dijo que estas sustancias han implicado afecciones en la piel de la gente de las comunidades, manchas y otro tipo de enfermedades “y el Gobierno estoy seguro que sí sabía pero hizo caso omiso, por eso fue que la cosa se salió de control”.
Herrera Méndez es ejidatario de Cedros, una de las comunidades en conflicto con la minera Peñasquito quien a la par como otros, es también transportista, y por tanto uno de quienes reclaman que se les renueve el contrato por parte de la empresa para el traslado de materiales y personal.
“Nosotros no estamos en contra del desarrollo siempre se los dijimos, pero también es cierto que queremos empleo para nuestra gente, se burlaron nada más”.
El también líder comunitario manifestó claras dudas de que sea cierto lo expresado por la empresa en conferencia de prensa respecto del cierre del centro extractivo que significa hoy por hoy, el más grande de Latinoamérica en la explotación de oro.
“Esa es una vil mentira, la mina no se iba a ir, tiene muchos millones de dólares invertidos, incluso acaba de meter un equipo de más de 400 mdd, de los cuales sabemos que los iba a multiplicar a su modo, pero nunca se fijó en lo que está haciendo con nosotros”-
Dijo sobre el operativo policiaco iniciado a las ocho de la mañana de ayer en Peñasquito para cumplimentar órdenes de aprehensión referidas a una presunta demanda interpuesta por la empresa contra los ejidatarios por entre otros cargos secuestro, “que nos iban a llevar a todos pero no hallaron en qué cupiéramos”, esto en referencia a la incapacidad para apresar dijo, a los más de 600 personas entre ellas mujeres y niños que se apostaron en el lugar.
En su opinión luego de que desde ambas partes hubo “cierta presión” se dieron las condiciones para el diálogo, por lo que aseveró “esto ya va caminando gracias a Dios, de tal manera que ya nadie salgamos lastimados, porque tenemos mucho tiempo esperando el cumplimiento de estos convenios”.
Se refirió así, a acuerdos celebrados entre Peñasquito-Goldcorp y las comunidades desde 2009, entre ellos, la construcción de una clínica que sigue sin realizarse.
Negó, asimismo, la versión también expresada por la empresa en una conferencia de prensa respecto de que el cerco que los inconformes mantenían evitara la salida de las personas que estaban dentro del área extractiva e impidiendo que ingresaran alimentos, pues recordó, que la gente que trabaja dentro son integrantes de las comunidades, familiares suyos a quienes no podrían perjudicar.
