■ Habla ex consejero presidente del IEEZ sobre contratación de empresas como Proisi y Podernet
■ Erogaron organismos 86 mdp de los 158 millones gastados en el pasado proceso comicial
En opinión de Francisco Valerio Quintero los Oples no debieran dar cabida a entidad ajena alguna respecto de su obligación y responsabilidad por ley, de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones. El ex consejero presidente del IEEZ, se refirió así a la contratación de empresas como Proisi y Podernet para encargarse del PREP, que recuperada por una nota periodística de Claudia Herrera Beltrán en La Jornada el pasado 3 de octubre, precisa además, que los organismos erogaron 86 millones de pesos de los 158 millones gastados este año en 12 entidades.
Valerio Quintero recordó que una de las empresas mencionadas, Proisi, se había encargado ya en alguna ocasión de esta tarea en Baja California “y se le cayó” el sistema, no obstante haber recibido varios millones de pesos por el trabajo.
“Y sin embargo sigue recibiendo contratos”, dijo, por lo que se abre con este tipo de situaciones “el margen para la sospecha”.
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) fue uno de los tres Oples que implementaron por sí mismos “los sistemas y logística” del PREP, pero sí contrató “a terceros para el almacenamiento de la información en nube”, precisa la nota de Claudia Herrera Beltrán, quien además señala que el costo por acta fue de mil 600 pesos, contra los 389 que cobraron tanto las empresas mencionadas como lo que erogó para ello el estado de Chihuahua.
Al respecto dijo Valerio Quintero que desde que el IEEZ se convirtió en entidad autónoma, esto es, aun antes de que él mismo lo encabezara como Consejero presidente, ya el PREP contaba con personal técnico del propio órgano electoral, “se contrataba personal, no empresas”.
“Es algo que yo aquí quiero subrayar y que debieran cuidar tanto las autoridades electorales como los propios partidos políticos, es decir, no darle cabida a ninguna entidad por seria y responsable que sea, ajena al organismo electoral en el proceso de organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, no debiera haberlo”.
Esto dijo, para salvaguardar la responsabilidad institucional del IEEZ, pues recordando el caso de Baja California y Proisi, “al fin de cuentas se vuelve un juego de voleibol el tema de la responsabilidad, porque la empresa contratada simplemente se puede atener a la que le corresponde como operador, sin ser autoridad electoral de ninguna manera, y el órgano electoral también se puede lavar las manos diciendo: yo pagué para que me lo hicieran bien pero me lo hicieron mal, la responsabilidad no es mía”.
De esta manera observó “la responsabilidad se diluye y no pasa nada, aunque lo que esté de por medio sea alto tan serio y tan importante como el proceso electoral”.
En su opinión entonces es “incongruente” que se permita la contratación de empresas privadas para llevar a cabo estas tareas, pues comentó, según mandato de ley, estos órganos están conformados por “profesionales en el desempeño de su labores”.
Por tanto, dijo, deben contratar con tiempo sí el equipo y personal necesarios, este último calificado para diseñar “todo un sistema de captura de procesamiento de la información para que dé los resultados con eficacia y oportunidad”.
Añadió que esto es perfectamente posible “no es ningún milagro” sino simplemente un trabajo de planeación que puede aprovechar la multitud de experiencias que ha habido en el país al respecto, y que en su mayoría han sido exitosas.
“Pocos casos como aquél que dirigió Manuel Bartlet cuando se le cayó el sistema, en donde esa caída no sé si haya sido producto de un tropiezo o de un empujón”.
El ex funcionario mencionó que por ley, luego de recientes reformas en la materia, todos los Oples deben digitalizar las actas, por lo que esta disposición abrió el camino para abordar el problema de diferentes formas, una de ellas que habría derivado en la contratación de empresas privadas para como es el caso que se menciona, operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Expuso el de Veracruz, como el caso paradigmático del tema, pues comentó, que los 30 millones de pesos que erogó el Instituto electoral de esta entidad, habrían alcanzado con una mitad para la adquisición de equipo que sirviera hasta para tres elecciones subsecuentes, mientras que con la otra era perfectamente posible contratar al personal para realizar el trabajo de digitalización de las actas.
En la nota de Herrera Beltrán se comparan los casos de los Oples de Veracruz y Chihuahua, y señala que mientras el primer organismo erogó los 30 millones de pesos citados por casi 21 mil actas procesadas, el de la entidad norteña gastó 8.2 millones de pesos para efecto del conteo de resultados de mismo número de documentos, pero “en su sistema” propio.
Los márgenes de costos con que opera la contratación de empresas, observó el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), deja un juego amplio para la discrecionalidad.
“Eso es lo que abre márgenes altísimos de sospecha, y evidentemente esta discrecionalidad en el cumplimiento de tareas es lo que abona a ella por parte de la ciudadanía, porque los diferenciales de costo no tienen lógica de ninguna naturaleza”.
