Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que la propuesta de Gobierno Estatal para reformar la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) es exactamente la misma iniciativa que presentó el entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Por lo tanto, afirmó que en este proceso de modificación de la ley se debe convocar a todos los derechohabientes, a fin de que el sistema de pensiones del instituto tenga viabilidad a largo plazo.
Desde su perspectiva, lo que se requiere es que el gobierno otorgue aportaciones extraordinarias, reduzca la nómina, ajuste las claves y categorías del personal que labora en el instituto, y dé viabilidad financiera a la parte empresarial.
“No somos empresa, hemos fracasado porque no somos una empresa. Una empresa que no gana, una que pierde, cierra, y en el Issstezac estamos perdiendo, pero estamos abiertos y sin ofrecer buenos servicios”.
“Lo que se requiere
es que el gobierno
otorgue aportaciones
extraordinarias y
reduzca la nómina”
Asimismo, Castruita Hernández indicó que, a partir de la resolución emitida por los tribunales a favor del pago del aguinaldo a pensionados y jubilados, es el momento para modificar la ley vigente de este organismo, a fin de que el tema jurídico no sea el argumento que impida la dispersión del recurso que corresponde a dicha prestación, “si es que consideran que la resolución dictada no se apega a Derecho y que se modifique en consecuencia la ley vigente”.
“Eso obligaría imprescindiblemente a que se modifique la Ley del Isssstezac y eso no está en la cancha del director ni mucho menos en la cancha de la Junta Directiva, sino en la cancha de la Legislatura y habrá que trabajar con ella, con una Legislatura abierta, plural, democrática y con sensibilidad social”, dijo.
Sin embargo, señaló que esto debe trabajarse directamente con los 25 mil derechohabientes del Issstezac porque una reforma a la ley no va a pasar de facto, sino que tiene que hacerse con base en las aportaciones de los trabajadores, jubilados y pensionados.
Es decir, “no va a pasar de facto la aprobación o modificación vigente de 2015 en tanto no haya las condiciones de salvaguardar las quejas, denuncias, demandas y pagos que no se han realizado a las compañeras y compañeros que se han afectado en sus prestaciones que les corresponden por ley”.
Al respecto, Castruita Hernández refirió que la posición de la sección 58 del SNTE en la última sesión de la Junta Directiva fue que debía resolverse todo lo que está pendiente, y después habrá condiciones para comenzar con el análisis y revisión de una nueva ley del instituto.
Comentó que la iniciativa de reforma a la ley que el gobierno propone es la misma que presentó el entonces gobernador Alejandro Tello, mientras que los estudios actuariales siempre dicen lo mismo: “que el instituto está en quiebra y que hay deficiencia presupuestal”.
