■ Aprobada, cuenta pública del Poder Legislativo correspondiente a los 3 años de su gestión
■ Mediante 3 empresas fachada los diputados facturaron 9 mdp que no fueron comprobados
Pese a que existen indicios de corrupción durante el periodo de la 61 Legislatura, la Auditoría Superior del Estado (ASE) absolvió al órgano legislativo de cualquier acto que ameritara una sanción resarcitoria, únicamente acordó emitirle “recomendaciones”.
Este martes, los diputados locales aprobaron la cuenta pública del Poder Legislativo, correspondiente a los tres años de su gestión. En dicho documento, la ASE sólo le notificó una serie de recomendaciones enfocadas a vincular el Programa Operativo Anual con el presupuesto; a justificar los gastos ejercidos por los diputados; y de que a partir de ahora sí sometan a la consideración del órgano fiscalizador las compras superiores a 30 mil pesos; entre otras.
No obstante, durante esta Legislatura se han documentado presuntas prácticas de corrupción, algunas incluso todavía continúan en proceso de investigación penal en la Procuraduría General de la República (PGR).
Hace casi un año, La Jornada Zacatecas documentó a través de un reportaje, que diputados locales con el pretexto de justificar gastos de gestión contrataron empresas fachada, que les facturaron desde asesorías legislativas hasta venta de globos y tóner para impresora. A la fecha no se ha esclarecido el caso por parte del Poder Legislativo ya saliente.
Únicamente el ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Sergio Martínez Escamilla, declaró a finales de julio de 2015 que la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la PGR había iniciado una investigación por la presunta compra de facturas para justificar gastos, delito que se persigue de oficio y que se inició desde la publicación del reportaje hecho por esta casa editorial.
Se documentó que son tres empresas las involucradas en el presunto fraude: Bello Caporetto SA de CV, Consultoría Ipanema SC y Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV, las cuales facturaron en 2014 y el primer trimestre de 2015 un total de 9 millones 31 mil 528.13 pesos por productos y servicios brindados al Poder Legislativo, pero que no fueron comprobados.
Asimismo, La Jornada Zacatecas en mayo del año pasado dio a conocer que en la nómina del Congreso existen privilegios y discrecionalidad para la asignación de salarios; hay personal que con una misma categoría duplica las percepciones de sus compañeros y, en algunos casos, rebasa los topes establecidos en el tabulador de sueldos y salarios.
En aquel entonces se encontró que el actual líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), Armando Moreira, cobra 16 mil 393 pesos en el Congreso pese a estar comisionado a su función sindical. La esposa del legislador Héctor Pastor estaba en la nómina percibiendo 12 mil pesos y los sueldos de edecanes y asistentes no eran uniformes pese a realizar una misma actividad.
El caso más reciente que levantó sospechas en torno al actuar de la Legislatura fue la venta de un lote de nueve vehículos, adquiridos en 2013, bajo el argumento de que tenían kilometrajes “avanzados”. Al solicitar información directa con los diputados sobre quién o quiénes habían sido los compradores beneficiados, los legisladores se negaron a ofrecer detalles al respecto.
Pese a esta serie de indicios, la ASE consideró en su auditoría que no eran necesarias las sanciones resarcitorias. Cabe recordar que este órgano fiscalizador depende directamente del Poder Legislativo, además de que ha recibido críticas por la falta de autonomía en sus revisiones.
http://ljz.mx/2015/07/06/contrata-congreso-del-estado-empresas-fachada-para-simular-gastos/
