■ Detectan nepotismo, ‘aviadores’, tráfico de influencias, entre otros
Karina Pérez, contralora del municipio de Sombrerete, informó que, en la actual administración, ha detectado nepotismo, uso discrecional de los recursos públicos, ‘aviadores’, tráfico de influencias y conflicto de intereses en la contratación de proveedores de diversos servicios.
Asimismo, expuso que, a través de denuncias ciudadanas, “esta Contraloría conoció de la irregularidad en el nombramiento de dos funcionarios de primer nivel en la administración municipal: el de Jaime Arturo Viedma, cuñado político del presidente y director de Desarrollo Social, y Araceli Cuevas Madrid, cuñada del presidente, quien se desempeña como tesorera”.
Ante esas anomalías, denunció que hay cerrazón de parte de las autoridades correspondientes, y aunque podría resolverse por medio de las atribuciones de la Contraloría, los procedimientos no se pueden realizar porque no cuenta con la estructura orgánica necesaria para ello”.
No obstante, informó que ha turnado el caso a la Legislatura del estado, y a la Auditoría Superior del Estado, el cual respondió que lo atendería gasta que sea turno de auditar el ejercicio fiscal 2018.
Pérez expuso que en el municipio se argumenta que el presidente no incurre en nepotismo, pues los grados de consanguinidad no corresponden a él, pero “olvidan que en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas ya no marca grados”.
Asimismo, refirió que el presidente municipal, Manuel Alan Murillo Murillo, giró instrucciones para que a nadie se le entregue información a menos que sea requerida por Transparencia, de manera que ningún funcionario público puede entregar información ni siquiera a la Contraloría.
En ese sentido, comentó que otra situación detectada es que una abarrotera propiedad del cuñado del presidente, Arturo Viedma, provee las despensas, mientras que a otro familiar de nombre José Herrera Amador, se le paga mantenimiento mecánico por más de un millón de pesos.
Por último, informó que el Cabildo se auto-asignó la organización de la feria realizada en febrero pasado, pero hasta el momento no ha entregado un informe financiero, lo que significa un conflicto de interés, porque quien organiza y gasta no puede fiscalizarse a sí mismo.
Pérez manifestó que su compromiso como contralora es “trabajar de manera honesta y transparente y todas estas observaciones que hemos hecho a las dependencias correspondientes ha llevado a que, de manera mediática, se haya desatado una serie de comentarios contra mi persona”.
