A finales de los años ochenta del siglo XX, las universidades mexicanas operaban en el contexto de una profunda crisis, un periodo de transición marcado por el agotamiento del modelo del “Estado de Bienestar” y la incorporación de las primeras políticas neoliberales. Durante este periodo, la educación superior en México experimentó transformaciones profundas: el gasto público por estudiante cayó drásticamente, lo que obligó a las universidades a operar en condiciones de austeridad extrema. Los salarios de los profesores e investigadores perdieron su poder adquisitivo. Para mitigar la situación el Gobierno Federal introdujo en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y posteriormente, los Estímulos al desempeño, cambiando la lógica salarial por una de compensaciones y productividad evaluable.
El intento de implementar cuotas y cobros graduales para aumentar el financiamiento propio de las instituciones,produjo fuertes resistencias estudiantiles. Ante la falta de recursos para una cobertura universal, el Estado justificó la contracción de la matrícula promoviendo la cultura de la evaluación externa, la competitividad y la vinculación de la educación con el sector privado y las demandas del mercado laboral, entre otras cosas.
La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llegó a la década de los ochentas profundamente polarizada, convertida en un terreno de intensa disputa ideológica y política, lo que provocó que los proyectos académicos quedaran en segundo plano. Durante la década de los ochenta, la normatividad de la UAZ estaba regida principalmente por la Ley Orgánica de 1968 con las reformas sustanciales añadidas en 1972. El Reglamento Académico, concebido a principios de la década, fue el primer instrumento normativo para regular las relaciones laborales y las actividades académicas. Se buscaba poner orden frente a la inestabilidad institucional. Dado el auge del Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), el Contrato Colectivo de Trabajo adquirió un peso casi constitucional en la práctica diaria, la normatividad interna se veía constantemente interpelada o negociada a través del contrato colectivo.
A finales de la década, la comunidad universitaria concluyó que la normatividad implementada era obsoleta para resolver los problemas que enfrentaba la Institución. Por determinaciones internas y por condicionamientos externos, la Universidad, impulsó su propia reforma universitaria. La cual se desarrolló en el marco de una profunda y prolongada crisis, reivindicando el más amplio ejercicio de autonomía y una orientación democrática, científico-crítica y popular.Consecuente con el postulado democrático de mantener las puertas abiertas a un amplio sector de estudiantes de origen popular, era inminente una transformación integral a la universidad: desde el proceso enseñanza-aprendizaje hasta las formas de administrar y gobernar, así como las relaciones de la UAZ con la sociedad.
El Congreso General Universitario de 1987-1988 fue un esfuerzo crucial por democratizar las decisiones, instrumentar la pluralidad y frenar la inestabilidad. Aunque sentó bases normativas importantes, no logró erradicar del todo los cotos de poder, ni las pugnas entre las distintas facciones. En síntesis, la UAZ a finales de los ochenta estaba en un punto de quiebre: autonomía erosionada, recesión de matrícula y tensiones políticas internas y externas que anticipaban una crisis profunda que estallaría posteriormente.
En ese contexto, la Universidad asumió conscientemente la importante tarea de abordar desde diferentes perspectivas, pero con objetividad la investigación y estudio sistemático de los diferentes aspectos y nexos de su realidad; en un proceso concreto de desarrollo considerando las determinaciones internas y externas, pasadas y presentes que dieran cuenta de ella, así como de las diversas y aún contradictorias alternativas de solución que se impulsaban socialmente o que era posible formular desde diferentes perspectivas e intereses. La Universidad reivindicaba el derecho y la obligación de hacer partícipe a la sociedad, a sus sectores y organizaciones de ese esfuerzo intelectual, colectivo y plural. Asimismo, se comprometía a coadyuvar en el tratamiento de esa problemática, a pesar de sus limitaciones, pero con el potencial que representaba el acervo de sus recursos intelectuales y conforme a su orientación democrática, progresista, plural y popular.
La UAZ se obligaba moralmente a elevar y adecuar sus actividades académicas en los diferentes niveles, fortaleciendo la investigación científica, sus aplicaciones técnicas, el servicio social, las actividades culturales y la extensión universitaria en general. La Institución, asumía el derecho y la obligación de descentralizar y desconcentrar las diversas opciones educativas según lo exigieran las necesidades sociales, a las que tenía la obligación de atender.
Por tanto, el objetivo general de la UAZ sería el de contribuir al fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica y cultural del país, orientando sus esfuerzos hacia la salvaguarda de la soberanía nacional, el desarrollo económico independiente y la autosuficiencia en recursos naturales. Así mismo, buscaría coadyuvar en la erradicación de la marginación y la desigualdad social mediante una educación media y superior de calidad y alcance masivo, orientada a la formación de profesionistas críticos, la producción académica, la investigación y la asimilación tecnológica.
Para cumplir con el compromiso se requería el diseño de un Plan de Desarrollo Institucional, que permitiera determinar con precisión las necesidades reales de la docencia, investigación, extensión y administración de los recursos universitarios, y de un diagnóstico institucional integral que permitiera dimensionar la problemática interna y la de su entorno.
Bajo estas premisas la Universidad se definía como una institución autónoma, democrática y popular. El carácter popular no se reducía al principio de enseñanza gratuita y al esfuerzo por proveer recursos para becas, comedores estudiantiles y hospedaje, …, su preocupación era esa gran masa del sector popular que se encontraba al margen y sin posibilidades de acceder a la UAZ. El foco principal de esa preocupación era contribuir a la solución de sus problemas. La Universidad fomentaría preferentemente la actividad de la investigación en ese sentido. Para que no quedaran en el discurso, se aprobó que su contenido se integrara a una propuesta cultural universitaria que abarcara lo estético-cultural y lo científico-cultural como parte fundamental de una cultura crítica.
Las funciones de la UAZ deberían orientarse preferentemente a la atención de las problemáticas de los sectores populares. La relación con el Estado debía mediarse por la autonomía, entendida ésta como la capacidad de autogobernarse y decidir las líneas de acción de sus actividades sustantivas y adjetivas: libertad para definir el contenido y orientación de las actividades académicas, de investigación y extensión, y difusión de la cultura. Se concebía la autonomía como algo más que la libertad de academia, de enseñanza, de cátedra, de investigación; era y debería ser la independencia con respecto al Estado; prerrogativa de los universitarios para desarrollar la actitud crítica, el pensamiento libre, el debate, y la discusión de los grandes problemas regionales, nacionales y locales. Conquista de los universitarios reconocida por el Estado. Los universitarios zacatecanos reivindicaban la autonomía como derecho constitucional para decidir sobre su estructura de gobierno, las formas de elección de sus autoridades y sus funciones.
Continuará.
¡Cuánto falta conocer sobre nuestra Máxima Casa de Estudios!
Esta ignorancia es la que ha permitido que se le menosprecie o que se tergiverse su historia para satisfacer vanidades personales o intereses de grupos, ante la actitud indiferente de la comunidad universitaria.
Sé parte de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia (LUMAT). Informes:
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*Docente Investigador de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia. LUMAT
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