La Fiscalía General de la República (FGR) reunió nuevos elementos para solicitar más órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles mediante operaciones conocidas como “huachicol fiscal”, informó su titular, Ernestina Godoy.
Entre las personas bajo investigación se encuentran accionistas, apoderados legales, socios y enlaces ubicados en seis estados del país que estarían relacionados directamente con la distribución del combustible.
Godoy señaló que las indagatorias continúan y que el seguimiento de las operaciones atribuidas a esta estructura criminal ha permitido identificar a más personas posiblemente involucradas, además de avanzar en el rastreo del destino de los recursos obtenidos mediante estas actividades.
Hasta el momento, las investigaciones realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad han derivado en la detención y presentación ante autoridades judiciales de 15 personas, de las cuales 12 son exservidores públicos.
Según la información presentada por la fiscal, tan sólo uno de los aseguramientos representó una afectación económica superior a 340 millones de pesos para la organización investigada, debido a los millones de litros de hidrocarburos recuperados.
Las autoridades también aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles presuntamente relacionados con las operaciones investigadas.
Trasladan de Argentina a México a Fernando N.
Como parte de estas investigaciones, Godoy informó que autoridades argentinas determinaron la expulsión de Fernando N., exservidor público investigado por su presunta participación en la misma red de contrabando y distribución ilegal de combustibles.
Representantes de la FGR viajaron a Argentina para trasladarlo a México y, una vez en territorio nacional, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, donde quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura.
Godoy explicó que las investigaciones sobre esta estructura comenzaron en 2024, después de que el entonces titular de la Secretaría de Marina proporcionó a quien encabezaba la FGR indicios sobre las operaciones de la presunta organización criminal.
Uno de los principales avances ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento de un buque que transportaba ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas. Según la fiscal, este operativo permitió confirmar la existencia de un entramado mediante el cual distintas personas habrían buscado obtener ganancias a partir del ingreso irregular de combustibles al país.
Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación con características similares en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque mediante el cual habrían ingresado ilegalmente cerca de ocho millones de litros de combustible.
A partir de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reconstruyó el esquema mediante el cual presuntamente operaba la organización.
De acuerdo con Godoy, se utilizaban buques tanque que arribaban a puertos como Tampico y Ensenada con cargamentos de hidrocarburos que eran declarados indebidamente como aceites o aditivos, con el propósito de evadir el pago de impuestos.
La fiscal señaló que en estas operaciones habrían participado servidores públicos y agentes aduanales que facilitaron la descarga del combustible mediante revisiones simuladas, manipulación de pedimentos y alteraciones en los volúmenes y muestras de los productos.
Posteriormente, los derivados del petróleo eran transportados y dispersados mediante empresas legalmente constituidas, algunas de las cuales presuntamente se encargaban de llevar el producto hasta estaciones de servicio, mientras otras habrían sido utilizadas para lavar los recursos obtenidos.
Las investigaciones permitieron identificar operaciones relacionadas con este esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. Como resultado de diversas diligencias, el Ministerio Público Federal obtuvo distintas órdenes de aprehensión, entre ellas la correspondiente a Fernando N., por lo que se activó una ficha roja de Interpol.
El pasado 23 de abril se dio a conocer su detención en Argentina y, posteriormente, a solicitud de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó formalmente su extradición el 21 de mayo.
Godoy indicó que, después de analizar las pruebas aportadas por México, las autoridades argentinas emitieron un acuerdo de expulsión, por lo que personal de la FGR se trasladó a ese país para traerlo a territorio mexicano.
La fiscal atribuyó la localización y expulsión de Fernando N. al intercambio de información y los trabajos coordinados entre la FGR, las secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y Argentina.
Finalmente, aseguró que instruyó mantener las investigaciones sobre las operaciones irregulares relacionadas con productos derivados del petróleo, tanto para avanzar en la desarticulación de las redes involucradas como para determinar el destino de los recursos generados por estas actividades.
