La democracia interna no es un asunto menor para un movimiento político. De la forma en que se eligen candidaturas y dirigencias depende buena parte de su legitimidad frente a la sociedad. Cuando los procedimientos internos son creíbles, quien gana obtiene autoridad política y quien pierde tiene razones para reconocer el resultado. Cuando las reglas se manipulan, en cambio, el daño no termina con una candidatura: se erosiona la confianza en toda la organización.
La izquierda mexicana conoce bien esa historia.
Hace décadas, Alejandro Encinas defendió el uso de estudios de opinión como instrumentos para tomar decisiones políticas, pero también ha sostenido una condición fundamental: las encuestas deben ser transparentes, auditables y conocidas por quienes participan. En 2012, frente a una controversia por candidaturas del PRD, Encinas planteó precisamente que los ejercicios podían auditarse para volver sus resultados inobjetables.
La discusión no es nueva. Desde los años noventa el PRD comenzó a utilizar ejercicios demoscópicos para conocer el posicionamiento de sus aspirantes. Durante la presidencia nacional de Andrés Manuel López Obrador, entre 1996 y 1999, existen antecedentes documentados de utilización de encuestas para orientar decisiones sobre candidaturas, al mismo tiempo que el partido experimentó una importante expansión electoral.
No se trataba de sustituir la democracia por estadísticas. Se trataba de encontrar mecanismos que permitieran conocer directamente la opinión de la ciudadanía y disminuir el peso de estructuras internas capaces de controlar padrones, asambleas, consejos y elecciones partidarias.
La historia demostraría que esa preocupación tenía fundamento.
Con el paso de los años, las corrientes internas del PRD adquirieron cada vez mayor capacidad para controlar los procesos partidarios. Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, y otros agrupamientos internos construyeron poder territorial mediante estructuras, acuerdos y cuotas. La fractura se profundizó durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando un sector del partido encabezado por Nueva Izquierda defendió una relación de mayor interlocución con el Ejecutivo federal, mientras el movimiento encabezado por López Obrador sostenía una posición de abierta confrontación política.
La elección interna del PRD de 2008 constituye quizá la advertencia más clara de lo que ocurre cuando la lucha entre grupos termina imponiéndose sobre la institucionalidad partidaria. La contienda entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega estuvo acompañada por denuncias de irregularidades, inconsistencias en el padrón, robo y quema de urnas, acarreo, compra de votos y graves problemas durante el cómputo. La propia Comisión Nacional de Garantías del PRD llegó a anular la elección por irregularidades en más de 20 por ciento de las casillas, aunque posteriormente el Tribunal Electoral revocó esa determinación y declaró ganador a Jesús Ortega.
Aquella crisis dejó una enseñanza que la izquierda mexicana no debería olvidar: una elección formalmente democrática puede dejar de ser democrática cuando las estructuras partidarias tienen capacidad para controlar el padrón, movilizar clientelas, alterar procedimientos o convertir la competencia interna en una guerra de aparatos.
Morena nació también de esa experiencia.
Por eso las encuestas fueron incorporadas como uno de los instrumentos fundamentales para resolver candidaturas. El modelo buscaba algo sencillo, pero profundamente democrático: preguntar a la sociedad quién era la persona con mayor reconocimiento, aceptación y capacidad para representar al movimiento.
No es casualidad que el Estatuto de Morena haya establecido la encuesta como parte de sus procedimientos de selección y que, para la candidatura presidencial, la haya previsto expresamente como método. Tampoco es menor que establezca que los estudios deben estar a cargo de una comisión técnica integrada por personas de “inobjetable honestidad y trayectoria”.
Esa institución contribuyó a procesar una enorme cantidad de aspiraciones políticas durante el crecimiento de Morena y permitió mantener cohesionado a un movimiento que pasó de la oposición al gobierno de la República y que obtuvo triunfos históricos en 2018 y 2024.
Precisamente por eso debemos cuidarla.
Hoy existen prácticas que amenazan con desnaturalizar el mecanismo. Vemos aspirantes que, antes de que se levante una sola encuesta oficial, despliegan campañas diseñadas para inducir la percepción de que la decisión ya está tomada. Se pagan estudios privados cuyos resultados son difundidos masivamente en redes sociales; aparecen encuestas de metodología desconocida que presentan ventajas extraordinarias; se contratan campañas digitales, call centers y estrategias de posicionamiento para repetir durante semanas que determinada candidatura es inevitable.
Se pretende construir primero una percepción para después convertirla en argumento político.
A ello puede agregarse el uso discrecional de estructuras partidarias, movilización territorial, promoción personal anticipada y un enorme dispendio de recursos cuyo origen y destino deben ser transparentes.
Pero una encuesta seria no mide quién compró más anuncios, quién contrató más llamadas telefónicas o quién logró colocar más publicaciones pagadas en redes sociales. Mide una realidad social.
Y muchas veces ocurre algo revelador: quienes dominan artificialmente la conversación pública no necesariamente dominan la opinión ciudadana. Cuando termina la propaganda y se realiza un levantamiento metodológicamente riguroso, la realidad suele ser mucho más sobria que la narrativa construida desde las campañas.
Morena debe vacunarse contra esas prácticas antes de que se conviertan en costumbre.
Y para hacerlo no necesita abandonar las encuestas. Necesita fortalecerlas.
La metodología debe ser rigurosa; las muestras, representativas; los cuestionarios, técnicamente defendibles; el levantamiento, verificable; las empresas espejo, verdaderamente independientes; y los resultados, suficientemente transparentes para que quienes participaron puedan conocer cómo se llegó a la decisión. La fiscalización del dinero utilizado alrededor de los procesos internos también debe fortalecerse.
Además, el propio Estatuto de Morena contiene un principio que debe recuperarse con toda claridad: no debe admitirse presión o manipulación de la voluntad de sus integrantes por grupos, corrientes o facciones, y debe cancelarse el registro de quien incurra en compra, presión o coacción.
Ahí está el núcleo del problema.
La encuesta nació como un mecanismo para impedir que las estructuras secuestraran las candidaturas. Sería una contradicción histórica permitir ahora que las estructuras aprendieran a secuestrar las encuestas.
Morena no puede repetir los errores que destruyeron al PRD. No puede permitir que aparezcan nuevas tribus, nuevos grupos de interés o nuevos aparatos capaces de apropiarse de las decisiones que corresponden a la ciudadanía.
Porque la encuesta no es patrimonio de un dirigente, de una corriente ni de una candidatura.
Es un instrumento de confianza.
Y cuando una herramienta democrática pierde credibilidad, recuperarla resulta extraordinariamente difícil.
Defender las encuestas limpias, transparentes y profesionales es defender la democracia interna de Morena. Pero, sobre todo, es garantizar que ninguna estructura partidaria pueda sustituir la voluntad del pueblo.
