La cancelación de las presentaciones de R Conriquez en la Feria de Fresnillo y de Oscar Maydon en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), debido a que incluyen narcocorridos o canciones que pueden constituir apología del delito, ha abierto una discusión necesaria, aunque también ha sido presentada de manera simplista como un acto de censura.
Conviene poner las cosas en su justa dimensión. Si estos artistas fueran contratados por empresarios privados, con inversión privada y bajo un esquema de ganancias particulares, el Estado tendría poco que decir sobre la decisión de acudir o no a sus conciertos. En una sociedad democrática, la libertad artística y de expresión debe ser protegida, incluso cuando determinadas expresiones resulten incómodas o cuestionables.
Pero una feria financiada con recursos públicos es otra cosa. El Estado no solamente administra dinero: tiene la obligación de garantizar derechos y orientar el gasto público hacia el bienestar colectivo. Eso incluye el derecho a la cultura, al entretenimiento y al ocio, pero también la responsabilidad de promover expresiones artísticas capaces de estimular la convivencia, la fraternidad, el pensamiento crítico, le den voz a minorías y valores que contribuyan a reconstruir el tejido social.
No se trata de adoptar una postura conservadora que pretenda prohibir la música que no nos gusta. Se trata de reconocer que Zacatecas ha pagado un enorme costo social por la violencia y que miles de familias han sido víctimas directas o indirectas de ella. Resulta, por tanto, razonable que el dinero de todos no sea utilizado para contratar espectáculos que glorifiquen aquello que tanto daño ha provocado.
La decisión, sin embargo, debería ser apenas el comienzo de una discusión mucho más profunda: ¿para qué queremos nuestras ferias?
Históricamente, estos espacios fueron instrumentos de intercambio comercial, promoción productiva, convivencia comunitaria y celebración cultural. Hoy, buena parte de las ferias se han convertido en grandes escenarios para conciertos de costos millonarios, mientras la derrama para pequeños y medianos empresarios locales ya no es lo que era en antaño.
El debate debe incluir también la transparencia en la contratación artística, el papel de los grandes promotores, la concentración de la venta de alcohol y los mecanismos para impedir que las ferias sean utilizadas como vehículos de operaciones financieras de origen ilícito.
Zacatecas no necesita menos cultura ni menos entretenimiento. Necesita mejores ferias, más democráticas, más transparentes y con mayor beneficio social y económico para sus comunidades. El dinero público debe servir para construir, generar prosperidad compartida, no para reproducir aquello que juramos combatir.
