Entre las grandes asignaturas pendientes de la transformación mexicana hay una que suele permanecer fuera del debate público: la democratización del sistema de medios de comunicación. Durante décadas se construyó un modelo donde la concentración de la propiedad mediática, la discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial y la subordinación de buena parte de la agenda informativa a intereses económicos y políticos terminaron por convertir a la comunicación en un espacio de privilegios antes que de derechos.
Por ello, la discusión en torno a los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no debería reducirse a una falsa dicotomía entre libertad de expresión y regulación estatal. La verdadera pregunta es si una democracia puede llamarse plenamente democrática cuando la pluralidad social y política del país no encuentra un reflejo proporcional en los medios que informan a millones de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de manera reiterada que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de la sociedad a informar y ser informada mediante un sistema de comunicación plural, diverso e incluyente. Ese mandato no implica censura ni control gubernamental sobre los contenidos; significa impedir que el mercado, por sí solo, decida quién tiene voz y quién permanece condenado al silencio.
En México, el artículo 134 de la Constitución establece que la comunicación social de los poderes públicos debe tener un carácter institucional, informativo, educativo y de orientación social, prohibiendo expresamente la promoción personalizada de los servidores públicos. Sin embargo, esa disposición ha resultado insuficiente para construir una política de Estado que asegure que la diversidad política, cultural y regional del país tenga presencia efectiva en el ecosistema mediático. La pluralidad que hoy existe en las urnas sigue sin reflejarse plenamente en los espacios informativos.
La experiencia latinoamericana ofrece lecciones que no deberían ignorarse. En distintos momentos, grandes conglomerados mediáticos trasnacionales han desempeñado un papel decisivo en procesos de desestabilización política mediante campañas sistemáticas de desgaste, judicialización de la política y fabricación de consensos. El lawfare no opera únicamente desde los tribunales; encuentra en determinados medios de comunicación un aliado estratégico para erosionar gobiernos surgidos de la voluntad popular. Brasil constituye el ejemplo más emblemático con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva mediante procesos judiciales cuya parcialidad quedó posteriormente evidenciada. Casos similares pueden encontrarse, con sus propias particularidades, en Perú, Ecuador, Argentina y recientemente en Colombia.
Naturalmente, cualquier regulación debe construirse con el mismo celo con que se protege la libertad de expresión. Existen aspectos del proyecto que merecen revisarse para evitar interpretaciones discrecionales, delimitar con absoluta claridad las facultades de la autoridad reguladora y establecer salvaguardas que impidan cualquier forma de censura previa o presión indebida sobre el trabajo periodístico. La crítica al poder constituye un componente esencial de toda sociedad democrática y debe permanecer absolutamente garantizada.
Pero reconocer esos riesgos no puede servir como argumento para perpetuar un modelo profundamente desigual. La ausencia de regulación nunca ha significado neutralidad; por el contrario, históricamente ha favorecido a quienes concentran frecuencias, capital e influencia política. La libertad de expresión deja de ser un derecho universal cuando el acceso a la palabra pública depende exclusivamente del poder económico.
La democracia no concluye con elecciones libres ni con la alternancia en el gobierno. También exige un sistema de comunicación que represente la diversidad de voces, territorios e ideas que conforman la nación. Regular para garantizar derechos no equivale a controlar conciencias. Significa construir reglas que impidan monopolios informativos, transparenten la asignación de la publicidad oficial, fortalezcan los medios públicos, comunitarios e indígenas y coloquen en el centro el derecho de las audiencias, no los privilegios de los grandes consorcios.
Porque, en última instancia, no habrá transformación democrática completa mientras el viejo régimen conserve intacto uno de sus principales instrumentos de reproducción cultural y política: un sistema mediático concentrado que durante décadas confundió libertad de empresa con libertad de expresión. Democratizar los medios no es restringir libertades; es ampliar la democracia.
