Cada aniversario del asalto al cuartel Moncada es una oportunidad para recordar que la historia de América Latina no puede entenderse sin las luchas de sus pueblos por la autodeterminación. A 73 años de aquella acción encabezada por jóvenes revolucionarios cubanos, el 26 de julio permanece como un símbolo de la resistencia frente al colonialismo, la dependencia económica y la subordinación política que durante décadas marcaron el destino de nuestra región.
La Revolución Cubana modificó el mapa político del continente. Más allá de las distintas valoraciones sobre su sistema político, nadie puede negar que colocó en el centro del debate latinoamericano el derecho de los pueblos a construir un modelo propio de desarrollo, sustentado en la educación pública, la salud universal, la alfabetización y la justicia social. Esa decisión tuvo un costo enorme: un bloqueo económico que, durante más de seis décadas, ha pretendido doblegar a una nación por la vía del castigo colectivo, contrariando los principios más elementales del derecho internacional y las reiteradas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Para México, la historia de Cuba no es un asunto ajeno. Nuestra política exterior ha encontrado en los principios de no intervención, solución pacífica de las controversias y autodeterminación de los pueblos una de sus mayores fortalezas. No es casualidad que, frente a los intentos de aislamiento impulsados desde Washington, nuestro país haya mantenido una posición de respeto hacia la isla, entendiendo que la soberanía no admite excepciones ni dobles discursos.
Hoy esa discusión adquiere nuevos significados. Las amenazas del presidente Donald Trump de revisar o incluso abandonar el T-MEC, así como la utilización de aranceles y sanciones económicas como instrumentos de presión política, recuerdan que las relaciones internacionales siguen atravesadas por profundas asimetrías de poder. América Latina enfrenta nuevamente el desafío de fortalecer su integración, diversificar sus relaciones comerciales y reducir la dependencia de un solo mercado.
En ese contexto, Zacatecas también tiene motivos para reflexionar. Nuestra entidad ha sido, históricamente, proveedora de riqueza para otros. La plata, el oro, el zinc y el plomo que se extraen de su territorio han contribuido al desarrollo industrial de otras regiones del mundo, mientras miles de familias zacatecanas continúan encontrando en la migración una alternativa frente a la falta de oportunidades. La contradicción no es nueva: un estado inmensamente rico en recursos naturales que todavía lucha por traducir esa riqueza en bienestar para su población.
Los esfuerzos que hoy se impulsan desde el gobierno federal para fortalecer la soberanía energética, la producción nacional de alimentos, la infraestructura pública y los programas sociales forman parte de un debate que rebasa coyunturas electorales. Se trata de recuperar la capacidad del Estado para conducir el desarrollo nacional frente a décadas en las que el mercado fue elevado a la categoría de dogma y el interés público quedó subordinado a los intereses privados.
No significa idealizar experiencias ni trasladar mecánicamente modelos históricos a realidades distintas. Significa reconocer que la desigualdad, la pobreza y la dependencia económica siguen siendo los grandes desafíos de América Latina. En ese sentido, el ejemplo cubano continúa recordando que ningún proyecto nacional puede sostenerse sin defender su independencia política y su capacidad para decidir su propio rumbo.
Por ello, el 26 de julio trasciende la memoria de un hecho histórico. Es la reafirmación de un principio que hoy conserva plena actualidad: la soberanía no se negocia. En tiempos de reacomodos geopolíticos, de disputas comerciales y de presiones externas, México y estados como Zacatecas tienen la responsabilidad de fortalecer sus capacidades productivas, proteger sus recursos estratégicos y profundizar un modelo de desarrollo que coloque en el centro a las personas y no al mercado.
Porque, al final, la historia de Cuba también interpela a México: ningún país puede aspirar a la justicia social si antes no defiende, con firmeza, su derecho a decidir libremente su destino.
