Desde noviembre de 2024, el Estado mexicano envió un mensaje largamente postergado: la colusión entre autoridades y delincuencia organizada no será tolerada, sin importar nivel de gobierno ni partido político. La Operación Enjambre marcó un punto de quiebre en una relación que durante años permitió la captura criminal de espacios municipales.
El golpe inicial fue significativo. En el Estado de México fueron detenidos 24 servidores públicos, dejando claro que la política de cero impunidad no responde a cálculos facciosos. La presencia de funcionarios de distintos partidos entre los investigados refuerza la idea de una decisión estructural: combatir la corrupción como condición indispensable para la pacificación del país.
El caso del alcalde de Tequila, Jalisco, expuso el funcionamiento de estas redes. No se trataba de actos aislados, sino de mecanismos sistemáticos de extorsión y control institucional. Empresas tequileras, cerveceras y comerciantes eran presionados; la obra pública se manipulaba en colusión con funcionarios municipales; y el propio ayuntamiento operaba bajo amenazas, según consta en investigaciones judiciales.
No es un caso excepcional, sino un síntoma.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos esquemas similares persisten en otros municipios del país?
En entidades como Zacatecas, los testimonios ciudadanos describen extorsiones, cobros ilegales y abusos cometidos en connivencia con autoridades locales. La fragilidad institucional del ámbito municipal —el más cercano a la población— lo convirtió durante años en terreno fértil para la infiltración criminal.
Frente a ese escenario, el mensaje federal es explícito: no habrá tolerancia para gobiernos municipales que operen como engranajes del crimen. Hasta ahora, 61 servidores públicos han sido detenidos, entre ellos 14 alcaldes. Más que una cifra, es una señal política: el cargo dejó de ser sinónimo de blindaje.
La conducción operativa de esta estrategia recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, cuyo enfoque ha priorizado desarticular redes de colusión institucional y judicializar casos concretos. Más que declaraciones, la estrategia ha buscado intervenir estructuras locales y sostener una política de cero impunidad con continuidad institucional.
La pacificación no puede reducirse a detenciones. Exige reconstrucción institucional y confianza pública. En ese marco, el fortalecimiento de la línea 089 para denuncias anónimas adquiere relevancia estratégica: protege al denunciante, rompe el silencio y legitima la acción del Estado.
Más que un operativo coyuntural, Enjambre representa una definición de Estado. A diferencia de etapas anteriores —marcadas por el predominio del despliegue militar o por contenciones temporales—, el énfasis actual apunta a desmantelar la captura criminal de lo local. La transversalidad partidista de las investigaciones y la activación de mecanismos ciudadanos sugieren un giro institucional: la paz no se construye sobre pactos informales, sino sobre legalidad y responsabilidad pública.
Jaime Enrique Cortés Acuña
