En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, orientada a fortalecer la paz y la justicia en todo el país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró detectar un esquema complejo de lavado de dinero relacionado con casas de apuestas y centros de entretenimiento en distintas entidades del país.
De acuerdo con la información oficial, las investigaciones derivaron del análisis de operaciones inusuales, así como de labores de inteligencia financiera que permitieron identificar patrones asociados al uso de grandes cantidades de efectivo, transferencias internacionales y operaciones digitales con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos.
Las empresas implicadas registraban operaciones inusuales por montos que alcanzaban hasta los 50 millones de pesos, además de transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en Europa, utilizando diversas divisas para dispersar los fondos y dificultar su rastreo.
Así operaba la red financiera irregular
El esquema detectado operaba mediante cuatro fases principales:
Ingreso de dinero en efectivo. Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían a los casinos mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos, con el fin de incorporarlos al sistema financiero formal.
Uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre sociedades simuladas y diversas cuentas bancarias, incluyendo transferencias internacionales a intermediarios y proveedores ficticios.
Intermediarios de bajo perfil. Se empleaban personas con bajos ingresos o sin actividad económica aparente —como estudiantes o trabajadores eventuales— para realizar movimientos que aparentaran legalidad.
Retorno de los recursos. Finalmente, los fondos regresaban a los beneficiarios originales mediante cheques o pagos por supuestos servicios, dándoles apariencia de ingresos lícitos.
Como resultado de este trabajo, se identificaron tres empresas con movimientos financieros irregulares y presuntos vínculos con redes del crimen organizado.
Las autoridades subrayaron que el debilitamiento del poder financiero de los grupos criminales es fundamental para frenar su capacidad de corromper, adquirir armamento o financiar la violencia. “Seguiremos actuando con firmeza, inteligencia y coordinación para fortalecer la paz, la justicia y la protección del sistema financiero mexicano”, señaló la UIF.
