México, DF. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su consternación por el accidente del tren conocido como «la Bestia» que dejó hasta el momento seis inmigrantes centroamericanos muertos y varios heridos.
El descarrilamiento ferroviario ocurrió ayer 25 de agosto de 2013 en las inmediaciones de la ranchería La Tembladera, en el municipio de Huimanguillo (Tabasco), a escasos kilómetros de cruzar al estado de Veracruz.
Este tren de carga es conocido por ser utilizado en su trayecto por cientos de inmigrantes que se dirigen rumbo a la frontera norte de México. Al respecto del accidente, la ONU-DH espera con atención que el número de víctimas «sea debidamente determinado por las autoridades mexicanas, mientras que al momento de la emisión del presente comunicado recibimos la lista de 16 personas atendidas en el centro hospitalario de Las Choapas (Veracruz) donde se ha concentrado el esfuerzo de emergencia médica, además de al menos otras 59 personas recibiendo orientación y apoyo humanitario en un albergue de la misma localidad».
Este organismo reconoció «el rápido esfuerzo demostrado por las autoridades mexicanas del ámbito federal, estatal y municipal para desplegar una respuesta adecuada ante el siniestro, lo cual debe seguir cimentando el concepto de que el Estado mexicano tiene un rol preeminente, inderogable y no delegable para brindar la protección que reconocen las normas internacionales de derechos humanos a las y los migrantes, incluso cuando recorren de forma irregular» el territorio mexicano.
«La experiencia cotidiana que viven miles de migrantes no regulares al cruzar México constituye un drama amplia y suficientemente documentado. Los abundantes informes y debates promovidos por quienes desarrollan tareas humanitarias, así como los constantes reportajes periodísticos e incluso una variedad de documentales fílmicos nacionales y extranjeros, son unánimes en demostrar el altísimo riesgo que conlleva para la vida e integridad de las personas el actual estado de cosas», dijo Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Oficina alentó a las autoridades mexicanas a redoblar sus esfuerzos para ajustar de manera acelerada sus normas y prácticas de tal modo que se proteja eficazmente y se respeten plenamente los derechos de todas y todos los migrantes en el territorio nacional.
«Un signo alentador es el convenio suscrito el pasado 22 de agosto por la Procuraduría General de la República con una plataforma de organizaciones sociales y de familiares de personas no localizadas y desaparecidas de México y varios países Centroamericanos que son apoyadas por un comisión de expertos forenses independientes para trabajar en la identificación de las decenas de restos humanos encontrados en San Fernando (Tamaulipas) y Cadereyta (Nuevo León) los años 2010 y 2011».
La ONU-DH se solidarizó con las víctimas y sus familiares en sus respectivos países de origen, confió que tengan pleno acceso a la asistencia consular de sus autoridades, e hizo votos para que fluya hacia las naciones respectivas información certera sobre el estado y situación de todas y todos los accidentados.
