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domingo, 14 agosto, 2022
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Legislatura aprueban la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno

■ Consideran que es fundamental proporcionar de un marco jurídico para la protección a las víctimas de este flagelo

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El Pleno de la 64 Legislatura aprobó en sesión ordinaria de ayer, la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, la cual fue propuesta por el diputado priísta, David González, en marzo pasado, luego de los casos de desplazamiento forzado en varios municipios del estado, y dictaminada en sentido positivo por las Comisiones Unidas del Poder Legislativo la semana pasada, por considerar que es fundamental proporcionar de un marco jurídico para la protección a las víctimas de este flagelo.
En la discusión del dictamen, el promovente señaló que esta Ley da cumplimiento a todas las recomendaciones de organismos institucionales y parte de los principios rectores de la ONU para atender a las comunidades desplazadas, y esta Legislatura, dijo David González, tiene el compromiso de apoyar a las personas que lo están sufriendo en Zacatecas y por ello plantea un Fondo, por el que no hay que preocuparse, dijo, pues si no vuelve a suceder este flagelo no hay necesidad de utilizarse.
Asimismo, aprovechó para agradecer a alcaldes, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas por participar de la elaboración de esta ley, la cual se les entrega a las víctimas para ir logrando un avance en todos sus derechos.
Por su parte, el diputado Ernesto González Romo celebró la iniciativa porque es un tema “delicadísimo”, porque el hecho de que se esté hablando en Zacatecas de personas desplazadas es “verdaderamente triste y lamentable”. No obstante, reconoció la reacción de las autoridades locales que han atendido el tema, y destacó en este sentido la Ley que será importante para el estado porque atenderá esta realidad que se desea termine pronto, dijo.
En su momento, la diputada María del Refugio Ávalos Márquez refirió que esta Ley les da a las víctimas la esperanza de contar con las herramientas y la certeza de atención ante el éxodo que han sufrido. “Hoy estoy obligada a abrazar esta iniciativa de ley porque me toca presentar uno de los municipios que ha sido más golpeado en este tema”, dijo la legisladora jerezana, quien agregó que espera que no tenga que ser utilizada la ley de manera frecuente y eso quiere decir que entre todos eviten que las personas de los 58 municipios tengan que vivir este hecho.
“Ojalá que podamos generar las políticas públicas que nos ayuden a no necesitar esta ley, pero hoy se la debíamos a la gente que tuvo que salir de sus hogares, que no ha regresado”, concluyó Ávalos Márquez.
Con la ley aprobada, el Poder Legislativo dotará de un instrumento a la ciudadanía para hacer exigibles sus derechos ante las graves violaciones a los mismos y ante el vacío legal que existe, y también porque precisan las atribuciones de las instituciones públicas relacionadas con la prevención, atención y protección de las personas internamente desplazadas.
Cabe señalar, además, que en la Ley propuesta se establece la creación de un Registro Estatal de Personas Desplazadas que permitirá conocer el número de víctimas (mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, de comunidades indígenas) para brindar de manera óptima la ayuda humanitaria.
Asimismo, con esta Ley se pretende que el Gobierno del Estado aumente, de manera considerable, los recursos destinados a la atención de la población desplazada a través del Fondo Estatal de Contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno para satisfacer las necesidades básicas, como alojamiento y comida, servicios de salud, recuperación de datos de identidad, asistencia jurídica y psicológica de manera inmediata.
En el país, sólo Chiapas, Guerrero y Sinaloa cuentan con leyes sobre desplazamiento interno forzado, por lo que con esta Zacatecas se suma para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la atención y protección de las personas que en este momento se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

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