El diálogo y debate en torno a los sistemas de pensiones generalmente pasa por una visión parcial en la que predomina naturalmente, la preocupación por “el yo”, “mi futuro”, “mi bienestar”.
Este sesgo es enteramente racional y tiene una base filosófica a partir de un análisis bidimensional: la ontología, que nos revela qué es en su esencia un sistema de pensiones y cómo se construye su realidad social; y la deontología, que dicta el deber ser, es decir, los imperativos morales, los derechos instituidos y las obligaciones éticas de quienes sostienen y administran el ecosistema.
Desde la perspectiva ontológica, los sistemas de beneficio definido (BD) se apartan de la dinámica del mercado; su ser sustancial es completamente distinto y persigue un fin meramente social: la protección colectiva de riesgos; de manera natural, el riesgo de la vejez.
A diferencia de los sistemas de las cuentas individuales, el sistema de BD posee una ontología netamente colectiva y relacional, sustentada como ya lo hemos dicho, en la premisa de que los activos mantienen a los jubilados y la promesa de que las futuras generaciones harán lo mismo.
Su realidad ontológica es la de un pacto dinámico en el tiempo, un contrato social intergeneracional indivisible, que trasmite el riesgo y la incertidumbre, del individuo al colectivo organizado respaldado por el Estado, en quien recae la gran responsabilidad de generar los medios para el mejor vivir y el mejor transitar de los sistemas de pensiones en su etapa de madurez.
La deontología nos traslada a la esfera del deber ser, esto es, las reglas universales y las obligaciones morales que emanan del sistema, en la que las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas, independientemente de sus consecuencias utilitarias o de su rentabilidad económica instantánea.
En este contexto las personas deben pensarse como fines en sí mismas y nunca como medios. Durante su vida laboral, el trabajador entrega su tiempo, su salud y su intelecto para producir riqueza para una empresa o para la nación. Desde un enfoque deontológico estricto, la jubilación bajo un esquema de BD es la materialización del respeto a ese esfuerzo y a la dignidad humana sí.
Ahí, la pensión no es una dádiva o premio de consolación, sino el cumplimiento de una deuda moral y contractual por parte de quienes se beneficiaron del trabajo del individuo. En sentido estricto, cualquier modificación a los beneficios comprometidos, viola este principio, transformando al jubilado en un costo descartable, es decir, tratándolo como un simple medio económico.
Deontológicamente, mantener las promesas es un deber moral absoluto; su incumplimiento erosiona la confianza institucional que es el pegamento ontológico de cualquier sociedad organizada.
No obstante, la transformación demográfica, entendida como externalidad del sistema, con el envejecimiento poblacional y el aumento de la expectativa de vida, elevan el costo de los pasivos pensionarios a niveles que institucionalmente pueden ser inasumibles.
Aquí es donde la ontología y la deontología chocan frontalmente con el utilitarismo económico. Desde una perspectiva utilitarista/eficientista es necesario salvaguardar la salud fiscal de los Estados, modificando las condiciones contractuales, sin afectar parámetros sobre los que pueda sostenerse el elemento de la dignidad humana.
Desde una contraréplica deontológica, la estabilidad de los seres humanos en la etapa más vulnerable de sus vidas no puede subordinarse por completo a las fluctuaciones del mercado o a criterios de optimización de capital, por lo que se vuelve un imperativo categórico, evitar la individualización de las pensiones.
Los sistemas de BD son en entonces arquitecturas morales. Ontológicamente, constituyen una realidad colectiva donde el riesgo se comparte y la incertidumbre se mitiga en comunidad. Deontológicamente, representan el cumplimiento de una promesa intergeneracional y el reconocimiento de la dignidad del trabajador como un fin supremo absoluto.
La realidad demográfica y financiera obliga al equilibrio filosófico; no exige desmantelar el «ser» del beneficio definido para abrazar un individualismo financiero. Por el contrario, exige el retorno a la responsabilidad deontológica: diseñar modelos híbridos creativos, mejorar la gobernanza y la provisión de fondos para garantizar la preminencia del derecho, mediante procesos de renegociación sobre los que impere como pilar fundamental la dignidad humana a costos financieros y sociales racionales.
Ontológica y deontológicamente, los sistemas de BD no pueden ni deben sostenerse sobre premisas financieramente inviables; lo contrario termina jugando en contra del sistema en sí. El fin supremo absoluto repito, no es el individuo sino el colectivo ontológico que le dio origen.
En el análisis del problema los interesados (trabajadores, pensionados, líderes gremiales y gobierno) deben eliminar el sesgo individual, para retomar la solidaridad de su contrato, dimensionar de manera integral el problema y construir en torno a él, soluciones factibles para su atención.
El cambio de la visión “del yo” para recuperar la confianza en “el nosotros”.
Las pensiones actuales es el reflejo de lo que ha sido historicamente la justicia social, y para que se entienda mejor, da valor a la frase: «nadie sabe para quién trabaja». Debe seguir en el debate el tema, felicidades.