En el Congreso de la Unión avanzan dos iniciativas en materia electoral: una conocida como la Ley Monreal y otra enviada por la mandataria Claudia Sheinbam. Tienen como marco, el caso omiso para la detención urgentemente con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, entre los que se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quienes el Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York, acusa de delitos graves.
Comentaré cada una de las iniciativas.
Ley Monreal.
Es una iniciativa legislativa propuesta por el diputado de MORENA Ricardo Monreal. Su objetivo principal es reformar la Constitución Mexicana y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, para permitir la anulación de cualquier elección (federal o local), si se comprueba la intervención o injerencia de gobiernos u organismos extranjeros.
Podemos mencionar, que de esta iniciativa destacan los siguientes puntos:
1.- Causal de nulidad. Busca que la difusión de información, propaganda o financiamiento desde el extranjero – con la intención de influir, dañar o favorecer a un candidato-, sea motivo suficiente para invalidar un proceso electoral.
2.– Argumento oficial. El impulsor señala que busca proteger la soberanía nacional frente a presiones diplomáticas, o intromisiones de otros países en la política mexicana.
Esta iniciativa es arriesgada ya que plantea de manera implícita confrontarse con Estados Unidos el país del que depende más del 90% de la economía mexicana. En consecuencia, su contenido refleja lo aferrada que está la 4T para mantener el poder. La coyuntura obedece a la embestida de Washington, contra los políticos del régimen, vinculados con el crimen organizado y, el miedo es que sea una línea continua hasta el próximo año, donde ese problema vaya pudriendo todavía más a MORENA, y las aportaciones económicas, ya no sean suficientes para ganar elecciones.
Cuestionamientos a esta iniciativa:
Algunos actores políticos y analistas critican la iniciativa y argumentan, que se trata de una medida ambigua, que podría restringir la libertad de expresión, fomentar la censura o utilizarse políticamente.
De manera precisa ¿en qué casos se aplicaría esta causal? ¿Quién o quiénes determinarían la existencia de una intervención o injerencia extranjera?
Dentro del debate la ex ministra y ahora diputada por MORENA, Olga Sánchez Cordero señaló: “Yo estimo que estamos frente a una norma abierta, no establece con precisión su contenido y alcance y, como juzgadora puedo decirles, que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza”.
Otro cuestionamiento es que la iniciativa, plantea modificar 7 artículos de a la CPEUM en especial el 41, para sumar esta nueva causal de nulidad de elecciones
También se observa que es una trampa. Porque vamos a suponer que, en el Estado de Chihuahua, por ejemplo, el PAN gane la elección. Sin embargo, aplicando las disposiciones de la Ley Monreal, podría de manera arbitraria ser invocada por el partido oficialista, para que se anularan las elecciones y pasara el Estado a ser gobernado por MORENA.
O bien que en Sinaloa perdiera MORENA, también, con toda seguridad este partido invocaría la nulidad de la elección y retener el mandato en esa entidad.
Iniciativa de la presidenta Sheinbaum para frenar narcocandidatos.
La titular del poder Ejecutivo, presentó una iniciativa de ley para frenar a los narcocandidatos que postulen los partidos políticos.
La iniciativa busca crear una COMISION DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD DE CANDIDATURAS, integrada por 5 consejeros del INE.
Su objetivo es evitar que, aspirantes con posibles nexos con el crimen organizado, participen en elecciones y lleguen a cargos públicos.
Esta propuesta funciona de la siguiente manera: 1.- Los partidos políticos entregarán sus listas de aspirantes a esa Comisión del INE de manera voluntaria. 2.- Habrá cruce de información porque la Comisión se coordinará con instituciones de seguridad e inteligencia como: FGR; CNI; UIF y CNBV, para investigar si existe un “riesgo razonable” de vínculos criminales. 3.- Los resultados de la investigación se entregarán a los partidos políticos, para que estos tomen la decisión final sobre, si registran o no a la candidatura.
Cuestionamientos:
Ha generado una fuerte discusión política y legal. El propio INE, ha expresado su preocupación advirtiendo que la medida podría vulnerar su neutralidad y lo convertiría en juez y parte de la contienda política, ya que el INE no tiene facultades de investigación penal. Además, legisladores de la oposición han criticado los posibles riesgos para validar el proceso.
Sin embargo, la FGR, CNI, UIF y CNBV, son instituciones que sí tienen indicios, información y denuncias sobre actividades ilícitas de actores políticos. Por eso tienen la obligación de investigar, cumplir con la ley y ejercer la procuración de justicia, pero como no lo hacen, la presidenta se “saca de la manga” esta ocurrencia de un esquema que no tiene sustento.
El jefe panista de la Cámara de Diputados, recordó que su bancada ha propuesto desde tiempos atrás, la pérdida de registro a partidos políticos, que se financien con dinero del crimen organizado, sanciones penales y nulidad de elecciones cuando se postule a un narcopolítico.
