La masacre de Aguas Blancas perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez en la región de la Costa Grande de Guerrero, fue un crimen de Estado ocurrido el 28 de junio de 1995 cometido por la policía de esa entidad, siendo gobernador Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), hijo de otro gobernador: Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981).
En mayo de aquel año la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), presentó ante el entonces gobernador un pliego petitorio que incluía la salida del Ejército y la policía de la Sierra. La respuesta fue mayor despliegue militar.
Por la mañana del día de la masacre, un grupo de integrantes de la OCSS se dirigían rumbo a Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de uno de sus integrantes, Gilberto Romero Vázquez; y cumplimiento de las promesas de apoyo para los caficultores. La dignidad y la rebeldía de la OCSS, fue estigmatizada al acusarlos de guerrilleros al mismo tiempo que se presentaba una ausencia de negociación ante las demandas de la defensa del territorio y protección de los bosques. Tales demandas habían originado varias movilizaciones y, si bien habían padecido represión y arrestos injustificados, ese día fue uno de los más violentos.
Todos los manifestantes eran hombres y mujeres, se trasladaban en dos camiones de carga. El primero fue detenido por un grupo de policías y agentes judiciales del Estado, en un vado cercano a Aguas Blancas. Obligaron a los campesinos a descender y, con golpes los arrojaron al piso. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió. Pero justo antes de que los campesinos terminaran de descender, la policía y los agentes judiciales dispararon contra ellos durante casi 20 minutos. El resultado fue de 17 personas asesinadas y 23 gravemente heridas.
Al terminar la balacera, y luego de obligar a los sobrevivientes a regresar a sus pueblos, los policías se dieron a la tarea de colocar armas a los muertos para fundamentar la versión de que se había dado un enfrentamiento. Inicialmente, este crimen fue reportado como una forma de defensa ante una agresión por un grupo armado. Con esa masacre se violaron flagrantemente los derechos humanos, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece el Pacto de San José del cual, México es parte desde el 3 de abril de 1982: derecho a la vida; a la integridad personal; a las garantías judiciales y derecho a la protección judicial.
Sin embargo, un video difundido por aquella fecha, muestra que no existió un ataque armado por parte de los campesinos, que ellos iban desarmados y fueron agredidos sin oponer resistencia al ser balaceados.
No obstante, jamás se castigó a funcionarios de alto nivel, como eran las autoridades priístas a nivel federal y estatal (al entonces presidente Ernesto Zedillo y al también entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer), pues por aquellas fechas, se manejó la idea de que fueron presuntamente quienes ordenaron esa matanza. En fin, se trata de un caso como miles que persisten y existen en el México de lo que lleva la década de los 20 del siglo XXI.
Solamente se logró que este último: 1.- Tras la filtración del video, Ernesto Zedillo le retiró su respaldo político, forzando su dimisión en marzo de 1996. 2,- Exoneración legal. Una fiscalía especial investigó el caso y en 1997 emitió una resolución de no ejercicio de la acción penal, argumentando que Figueroa Alcocer, no tuvo intervención directa en el caso. 3.- Impunidad. Las Organizaciones de Derechos Humanos tanto nacionales como internacionales, han mantenido el señalamiento histórico contra los autores de ese crimen.
Llegamos a 2018. El candidato presidencial por MORENA, triunfa y en muchas entidades y municipios del país se replica esa “novedad”. Ese movimiento en su afán de atraer gran cantidad de militantes, y sin conocer su perfil, su trayectoria; su grado escolar, no solamente “los purifican” y los convierten en “izquierdistas”. también los hacen gobernadores, alcaldes, legisladores, etc.
Uno de esos casos, es el de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado:
El 9 del pasado noviembre, encabezó un homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, quien fue un artífice de la “guerra sucia 1969-1979” en aquella entidad. La ceremonia fue para conmemorar el aniversario número 117 de su nacimiento. Estuvo encabezada por la propia gobernadora; la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo; el alcalde morenista, Eder Nájera, Nájera; el teniente coronel de infantería Issac Ramírez Martín, por parte de la 35 Zona Militar del Ejército y el suboficial Dircio Lorenzo Victoriano como representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, igualmente estuvo el hijo del homenajeado, también exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Figueroa Figueroa fue acusado de represor; de mandar asesinar y desaparecer a miles de personas; persecución, muerte y desaparición de estudiantes; de opositores; de campesinos… Crímenes que se realizaban sobre todo en la Costa Grande de aquel Estado.
Organizaciones sociales y campesinas que padecieron represión; activistas; instituciones de derechos humanos e intelectuales… condenaron el homenaje:
“Ni los gobiernos de derecha, se atrevieron a rendir un homenaje a un gobernador genocida”.
