El caso Odebrecht es emblemático del momento por el que atraviesa la vida pública no sólo en México, sino en Latinoamérica y, con mucho en común, con el resto del mundo. Los antecedentes del mismo en otros países de la región han hecho de éste uno de los casos más trascendentes para la justicia y el equilibrio del poder, ambos temas apenas en desarrollo en todo el subcontinente. En nuestro país, se ha vuelto una batalla que podría describir bien los avances o retrocesos logrados en ambas tareas de construcción del Estado Constitucional de Derecho. Su trascendencia podría anotarle una victoria al Estado frente a la corrupción, y dar una señal al futuro sobre un cambio en nuestra historia. Sin embargo para ello se requiere mucha astucia y profesionalismo de quiénes deben llevar por buen camino –jurídico- este proceso, para que su culminación sea una que le permita convertirse en referente y no un cúmulo de tropiezos, negligencias e ineptitudes, que solo terminen en dibujarlo como un caso más de impunidad.
Es evidente que sobre este espinoso asunto recaen intereses de grupos poderosos, independientemente de lo que arrojen las posteriores investigaciones, pues sin duda esta empresa logró identificar con cierta claridad huecos para hacer de sus actos de corrupción rentables inversiones, y es por ello mismo que se requiere de toda la seriedad y capacidad institucional y profesional para llevarlo a los tribunales con el objetivo de que se haga justicia y se castiguen los actos contrarios a la ley y ética política.
Es justo lo que no ha hecho el, a la fecha de hoy, ex-Fiscal Especial de Delitos Electorales. Según rescato de diversos columnistas y especialistas en la materia, no es la primera vez que Santiago Nieto Castillo, en un afán protagónico, vulnera el debido proceso, elemento indispensable de cualquier juicio en toda democracia constitucional, y con ello complica su propia labor. No escatimo su trabajo y causas. Seguro ha combatido los delitos que a su facultad corresponde procesar; por el aplauso unánime a su favor de las fuerzas políticas de todas las latitudes del espectro electoral mexicano, una vez dada su destitución, me quedo con la idea de que además goza de prestigio en su desempeño. Sin embargo hay que decirlo: el debido proceso es una asignatura irrenunciable e inherente de la justicia y la democracia. No podemos escatimar en su respeto, porque es justo gracias a faltas en este sentido, que delincuentes cuasi-sentenciados, terminan en las calles, por la falta de pericia, profesionalismo y eficacia de nuestros ministerios públicos.
No es el primer caso en México en que debemos volver al análisis del debido proceso. En la actual coyuntura de violencia sin tregua, el tema será sopa de todos los días, justo porque nuestros operadores del Derecho, aún no se involucran ni relacionan con este concepto y su andamiaje constitucional. Especialmente en lo que respecta a nuestras autoridades que poco se han actualizado en la nueva forma de procurar e impartir justicia. Un ánimo de popularizar decisiones racionales, en lo que atañe a los procesos judiciales llevados ante los Tribunales, ha terminado por mermar la confianza, en lugar de fortalecerla.
El ánimo de esta participación editorial no es, ni de cerca, justificar el despido, que por lo demás, pareciera que también vulneró la legalidad, del Fiscal Especial en Delitos Electorales, sino hacer hincapié en la importancia que tiene el que dejemos las prácticas de un sistema formal-legalista que ha dejado de ser el paradigma en nuestro país, y nos enfoquemos a litigar, procurar y administrar justicia en la lógica de derechos humanos.
Finalmente, para darle profundidad a este tema, recomiendo la lectura de la entrada “Caso Santiago Nieto: PGR vs Senado”, en el blog El juego de la Suprema Corte, de la revista Nexos (https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=7007).
@CarlosETorres_
