Mientras no se resuelva satisfactoriamente y se aclare el misterio de los 43 jóvenes desaparecidos, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta en nuestro horizonte.
Como uno más de los parteaguas históricos de este ya de por si atribulado país, parecida y a la vez diferente al movimiento estudiantil del 68, la tragedia Iguala- Ayotzinapa estará presente en nuestro tiempo y en el imaginario social futuro. Mañana sábado se cumple un año del secuestro y muy probable asesinato, aunque sí muy segura desaparición de 43 muchachos de la Escuela Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, de ese pobre y martirizado estado sureño.
Con el informe de los investigadores expertos del GIEI se rompió el impasse en que la PGR se había montado. La verdad histórica del ex procurador Murillo Karam ha sido puesta en duda y por lo pronto descartada. En tanto las evidencias no demuestren como sostuvo el hidalguense, que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, la tal verdad sospechosa seguirá siendo una falacia. Lo veremos como un recurso distractor más para olvidar la tragedia y como dijo Peña Nieto, manejada para darle vuelta a la página como si la memoria histórica de los agraviados fuera flaca, tan flaca como el penco de don Quijote.
Al persistir la duda y el enigma misterioso de no saber si los 43 siguen vivos, están ya muertos o se mantienen desaparecidos, el gobierno sigue sin aportar evidencias convincentes sobre el crimen contra los normalistas. La investigación que ha hecho dista mucho de ser rigurosa. Las primeras inferencias que deducimos que bien pudieran formularse a la vez como hipótesis, son las de que la administración peñista o es muy incapaz para no aclarar y concluir con el debido proceso o encubre al autor o autores intelectuales del delito; o bien, el gobierno está implicado en el mismo y con ello daría razón a quienes lo califican como un crimen de Estado y de que los cuerpos policiacos y Ejército actuaron en complicidad u omisión.
De la incapacidad del gobierno hay muestras de sobra al grado que se ha calificado al mexicano como un Estado fallido, con un aparato de justicia disfuncional e instituciones que al ser cooptadas por grupos del crimen organizado, han dejado de cumplir sus tareas.
Aunque los padres con un dolor explicable carcomidos por la incertidumbre y renuentes a la resignación se aferran a creer que sus hijos siguen vivos y reclaman que se los entreguen. Vivos se los llevaron no se cansan de decir y vivos los quieren. Si como se cree fueron secuestrados por policías y sicarios, al desaparecerlos es muy probable que los hayan ultimado. Pero, ¿quiénes de haberlos matado, fueron quienes cometieron el horrendo crimen?, ¿dónde exactamente? y ¿cómo se deshicieron de ellos? Por el misterio en que sigue envuelto el caso, es que como bien escribiera el upeniano distinguido Roberto González Villarreal, y aquí cito la epígrafe con la que inicia su artículo el no menos distinguido maestro y abogado litigante Uriel Márquez Valerio, en su artículo del último número de La Gualdra, al que titula “Ayotzinapa y el derecho a la verdad”, “[…lo único cierto es que […] hasta la fecha, no se sabe nada de los desaparecidos. Siguen desaparecidos. No muertos, no enterrados, no calcinados: desaparecidos. Y por lo yanto, la pregunta continua, y ordena toda reflexión política de los que resisten: ¿dónde están? Y peor, ¿quién y cómo los desapareció?”
Con la misma rabia y esperanza con la que González Villarreal escribió su artículo, los padres, compañeros estudiantes normalistas y la sociedad que clama por el esclarecimiento del crimen al no saber que fue exactamente lo que ocurrió, sin evidencias convincentes, al desconocer si siguen vivos o están muertos, lo único que sabemos es que los desaparecieron y desconocemos qué fue de ellos, seguimos exigiendo justicia y que se aclare todo sobre este infausto hecho.
Sin saber dónde están y quien los desapareció, porque esto último si es muy evidente, la tragedia de los 43 se ha estado rigiendo por la dialéctica del monje loco, que según el dominio público, “nadie sabe nadie supo” y pareciera que se los hubiera tragado la tierra. El encuentro entre Peña y los padres de los desaparecidos no pasara de ser un evento más, parte del circo mediático y un recurso para mediatizar la ira y la desesperación y seguir dándole largas a la respuesta que se ha estado demandando. Como ocurrió en noviembre, la reunión terminara en acuerdos de incierto incumplimiento. ¿Ya fue cumplido el decálogo de que se acordó hace diez meses?, ¿hasta qué grado y en qué términos? ■
