La forma en que se ha practicado la política durante décadas en nuestro país nos hace pensar que las instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, tienen bajo su mando, es decir trabajando para ellos, a dos tipos de personas; las que llegan al puesto por méritos y esfuerzo propio; y las que por recomendación, pago de cuotas y/o favores, ocupan un puesto en la administración pública. Lamentablemente son más las segundas que las primeras; o al menos, eso es lo que la gran mayoría de mexicanos pensamos.
El pago de compromisos políticos, se hace entre otras cosas, a través de las nóminas de los gobiernos; lo que genera que haya personas participando en política sin el interés de un cambio social y político, sino en búsqueda de un empleo. Esto genera que cada que un gobernante llegue al poder, tenga que colocar en algún puesto a todo aquel que colaboró en su campaña política. Hasta cierto punto se entiende, ya que un gobernante debe de rodearse de gente con conocimientos y capacidades pero sobre todo, de gente con la que comparta confianza y proyecto, pero sabemos que se abusa de eso y cada trienio o sexenio, según el gobierno del que se trate, las dependencias se llenan de nuevos contratados.
Los partidos políticos y los gobiernos (de cualquiera de los tres niveles) se llegaron a convertir en agencias de colocación; las personas acuden a ellos como si se tratase del Servicio Nacional de empleo y lamentablemente a los partidos, a los actores políticos y gobernantes se les ha hecho más fácil hacer falsas promesas de empleo o saturar las nóminas gubernamentales, que incentivar políticas públicas que promuevan una autentica generación de empleo o autoempleo, sin que ello signifique que el gobierno directamente tenga que contratar.
La realidad de los gobiernos principalmente estatales y municipales, es que las nóminas están saturadas desde hace años; tienen mucho más personal del que necesitan. Cada presidente municipal o gobernador pasado, metió a trabajar a “su gente”, abultando de manera innecesaria cada vez más la nómina. Esta situación, sin duda, ha causado afectación a las finanzas gubernamentales y por ende a la población, ya que el recurso que se tiene, se gasta principalmente en el pagó de la nómina y lo que resta que es poco, se destina a cumplir compromisos con la ciudadanía.
Existen municipios que destinan más del 50% de su presupuesto en el pago de la nómina, así que muy poco les queda para hacer progresar a sus pueblos. Un ejemplo reciente en Zacatecas es el municipio de Trancoso, que recibe de participación 1 millón 700 mil pesos mensuales, pero la nómina absorbe 1 millón 660 mil pesos ¿Cuánto queda para las necesidades del municipio y su gente?
La intención del Gobierno del Estado de Zacatecas de despedir a una importante cantidad de trabajadores, con el pretexto o la finalidad de adelgazar la abultada nómina del Estado, pareciera ser una medida necesaria o urgente si tomamos en cuenta todo lo anterior; sin embargo, no se puede hacer justicia, cometiendo una injusticia, de manera que los derechos laborales de los trabajadores deben estar por encima de una medida como esa.
Para que los “despidos masivos” tengan algo de legalidad y legitimidad, deben analizarse distintos factores como si es indispensable o no, la antigüedad, el salario, el curriculum, entre otros. No se puede despedir a alguien que está cumpliendo con su trabajo o que ocupa un puesto o área estratégica dentro de la institución; de igual forma, sería inmoral, prescindir de alguien que lleva mucho tiempo laborando en el mismo lugar, se dice que en esta estrategia de despidos hay afectados con antigüedad de 15 años.
Suficientemente lamentable es el hecho de que miles de familias puedan quedar en la incertidumbre laboral a causa de la reducción de la nómina del gobierno del Estado; pero, más lamentable sería, que los trabajadores actuales fueran despedidos para contratar nuevos. Ahí la finalidad de salvaguardar las finanzas del Estado no estaría funcionando; se estaría repitiendo el mismo vicio que tiene saturadas las nóminas gubernamentales.
De todas formas, por buena que sea la intención de reducir la nómina, eso no solucionaría la problemática de fondo, siempre habrá el gobernador, el presidente municipal, el director, el jefe de dependencia etc., que hará lo posible por meter a “su gente” a la administración pública, engordando la nómina y comprometiendo el presupuesto.
Para poder atacar de raíz el problema de las nóminas gubernamentales abultadas, estoy convencido que se deben implementar una serie de reformas a las leyes y con ello poner candados a la contratación de amigos y familiares de los gobernantes, que se frene el pago de favores políticos con empleo dentro del gobierno; se necesita impulsar el servicio profesional de carrera, donde todo aquel que aspire a trabajar en gobierno, así sea en la categoría más simple, lo haga mediante concurso de habilidades y conocimientos. Claro que la ley actual establece ciertos mecanismos y requisitos para trabajar en la administración pública, pero estos son insuficientes o solo son para ciertos puestos
Tristemente, para quienes contamos con el perfil laboral, tenemos que buscarle y buscarle, ya que muchos no contamos con los padrinos, para tan siquiera aspirar a un trabajo, y eso se da en varios ramos q se supone q son trabajos federales, pero que los sindicatos ya los hicieron empresas familiares