México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó las ocho peticiones que llevaron los padres de las víctimas de la Noche de Iguala al encuentro que sostuvieron a mediodía y volvió a generar una reacción de profunda decepción y enojo entre ellos. Horas más tarde, ante la prensa, cobijados de los ciudadanos que los acompañan en su ayuno de 43 horas en el Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana, madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos tuvieron palabras durísimas para referirse al mandatario.
«Esa gente —dijo Carmen Mendoza, madre del normalista desaparecido Jorge Aníbal Cruz— tiene la sangre helada. Su mirada lo dice todo». Del encuentro con Peña Nieto y su gabinete «salimos con mucho coraje, la verdad. No obtuvimos nada».
En los días previos al encuentro, que en el fondo no fue sino un desencuentro, el colectivo conformado por las familias de las víctimas de Ayotzinapa, incluidas las de los tres jóvenes asesinados y de los dos heridos graves, elaboraron un documento con ocho peticiones que entregaron al mandatario apenas empezó la reunión.
De estas ocho demandas «el gobierno no se comprometió a cumplir ninguna. De manera unilateral nos presentó seis compromisos que para nosotros no son sustantivos», explicó a su vez Vidulfo Rosales, el abogado de los familiares, representante legal del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Uno de ellos fue ampliar el plazo del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) durante seis meses. Los familiares exigían que se les dejara trabajar por un año completo, tiempo suficiente para garantizar que la investigación de la PGR fuera en efecto replanteada y se acataran las recomendaciones que presentó el pasado 6 de septiembre. La extensión del mandato por un semestre más, de hecho, no fue una concesión del presidente, sino una facultad establecida en el convenio que el gobierno firmó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Peña Nieto ofreció también un tercer peritaje que pudiera saldar la profunda contradicción entre la conclusión a la que llegó la PGR —su «verdad histórica»— sobre la desaparición de los jóvenes, que habrían sido asesinados, incinerados y sus cenizas arrojadas a un río, por lo que encontrarlos es prácticamente imposible. «Con ese tercer peritaje —indicó Rosales— nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no necesitamos una tercera hipótesis. Necesitamos la verdad».
Finalmente, el gobierno les ofreció crear una fiscalìa especial para continuar con la búsqueda de los jóvenes. «No es lo que pedimos. Nosotros planteamos un replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar». Asimismo, exigen que el expediente salga de la Siedo y sea adscrito directamente a la oficina de la procuradora».
En sus demandas, los padres de familia también pidieron que se investigue la responsabilidad en los hechos del 26 de septiembre en Iguala al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre; a su ex procurador Iñaky Blanco, el ex procurador federal Murillo Karam, del actual titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y de la responsible de servicios periciales Sara Mónica Medina. De esas peticiones, ni el presidente Peña ni la procuradora Arely Gómez ni el secretario de Gobernación, Osorio Chong respondieron una palabra.
