En el discurso institucional, la justicia es un derecho abstracto, un principio que se asume gratuito y al alcance de todos. Sin embargo, en el México de las ausencias, la justicia tiene un precio prohibitivo. Detrás de cada ficha de búsqueda, existe una economía del desamparo de la cual el Estado no se hace cargo. Convertirse en padre o madre buscadora en nuestro país no es solo una de las sentencias emocionales más desgarradoras que se puedan vivir; es una empresa física, mental y financiera que recae enteramente sobre los hombros, los bolsillos y la salud de las familias.
Mientras el presupuesto público se diluye, la búsqueda de verdad se financia a ras de suelo con rifas, donaciones, colectas populares y el desgaste absoluto de vidas que se niegan a olvidar. Quienes buscan están asumiendo, con sus propios recursos, las tareas de investigación y localización que le corresponden al Estado, subsidiando la inacción institucional con el patrimonio de sus propios hogares.
Diversas investigaciones de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México o el FUNDAR México, demuestran que mientras el Estado mexicano destina un porcentaje marginal de su presupuesto global a mitigar la crisis (apenas el 0.036 por ciento del gasto público para atención forense, investigación y búsqueda combinadas), el peso financiero real se transfiere de manera directa e injusta a las víctimas. El impacto macroeconómico en el hogar es inmediato y devastador, los estudios revelan que el 73 por ciento de las personas desaparecidas eran los principales proveedores económicos de su hogar al momento de su ausencia. Esto significa que las familias inician la búsqueda enfrentando un quiebre financiero absoluto en sus ingresos habituales, para luego sumergirse en gastos diarios que pueden alcanzar hasta los 4 mil pesos mexicanos durante las jornadas más intensas.
Analicemos, una brigada de campo no se realiza con las manos vacías, requiere una infraestructura material minuciosa que los colectivos deben adquirir y reponer constantemente debido al desgaste severo que imponen los suelos áridos o rocosos.
A este enorme esfuerzo material se suma el desgaste del tiempo, el riesgo físico y los riesgos de salud por el estrés, falta de sueño, esfuerzos entre otros. Las brigadas implican jornadas bajo condiciones climáticas extremas que van desde calores calcinantes en zonas desérticas hasta lluvias torrenciales en la sierra. Los buscadores se exponen constantemente a terrenos contaminados por la putrefacción, a la presencia de animales ponzoñosos e insectos, y a los peligros inherentes de adentrarse en territorios controlados por la delincuencia, descender a pozos o entrar a tiros de minas o cuevas.
Además, la ley les prohíbe excavar por completo un hallazgo positivo para no alterar la escena forense. Al dar aviso a las autoridades, se abre un compás de espera que promedia entre 4 y 8 horas en zonas rurales aisladas. Esas horas de custodia forzada en la intemperie, consumiendo sus propios insumos y bajo el peligro latente a su alrededor, representan un riesgo adicional.
Otro de los costos más crueles es la estigmatización social. En México sigue operando un mecanismo de defensa colectivo y perverso que expresa frases que relacionan a los desaparecidos con organizaciones de crimen organizado, existe el prejuicio equivocado de que las personas desaparecidas pertenecían exclusivamente a dichos grupos. Esta narrativa, alardeada para evadir responsabilidades, revictimiza a los ausentes y condena a las madres y padres a que no sólo deben buscar, sino que también tienen que defender la dignidad de sus hijos ante una comunidad indiferente.
El calvario tampoco termina con el hallazgo. Una vez que los cuerpos entran al sistema forense, las familias ingresan a un laberinto de ineficacia. El aparato pericial en el país está colapsado, imperan los retrasos de meses o años para la entrega de perfiles genéticos, la comunicación es fragmentada y las equivocaciones en la identificación de restos son una constante. Recibir un cuerpo equivocado o esperar años por una prueba de ADN es la continuación del desorden forense, no es una falla técnica; es una omisión que prolonga el duelo de manera indefinida.
Las comisiones locales de búsqueda reciben, en promedio, una fracción marginal del presupuesto estatal, de menos del 5 por ciento. Esta profunda insuficiencia es la que obliga a los colectivos a asumir un costo económico regresivo que vulnera sistemáticamente su propio derecho a una vida digna. Atender esta crisis humanitaria requiere algo más que condolencias, encuentros y reuniones; exige presupuesto etiquetado para este sector, fiscalías eficientes, un sistema forense digno y una sociedad que deje de criminalizar el dolor.
